El Consejo de Ministros del martes 13 de junio aprobó la reforma de la tarifa regulada de la luz, el denominado Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) así como diferentes inversiones ferroviarias.
Así se modifica la metodología de cálculo del PVPC, la tarifa eléctrica regulada a la que están acogidos unos nueve millones de consumidores.
El objetivo de esta reforma de la tarifa regulada es «reducir la volatilidad» energética y las turbulencias en el precio de la luz.
Con el nuevo método las facturas serán más estables. La fórmula comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2024 para que las comercializadoras tengan tiempo de adaptarse. Los consumidores no tendrán que realizar ninguna gestión.
En cuanto a otros temas, el Gobierno modificó el Estatuto de los Consumidores Electrointensivos para ampliar el número de empresas que se pueden beneficiar de esa denominación: pasará de las 612 actuales a 1.180, protegiendo a aquellas empresas industriales más afectadas por el coste del suministro eléctrico.
La modificación amplía el catálogo de las ramas económicas que pueden acogerse a esa figura, especialmente en el ámbito de las industrias extractivas y de sectores manufactureros.
Infraestructuras ferroviarias
En cuanto a inversiones en infraestructuras ferroviarias, el Ejecutivo aprobó una partida, la mayor, que ascienden a quinientos millones de euros para la construcción de la nueva estación pasante de Madrid-Puerta Atocha Almudena Grandes. Esta estación subterránea enlazará con el túnel de alta velocidad entre Puerta de Atocha y Chamartín-Clara Campoamor, lo que permitirá a los trenes de alta velocidad tener parada en ambas estaciones.
También hay una inversión de cuatrocientos millones de euros para la integración ferroviaria de la localidad murciana de Lorca y la nueva estación de Sutullena, el último tramo de la Línea de Alta Velocidad Murcia-Almería; de quince millones para la nueva estación madrileña de Parla y de catorce millones para la modernización de más de mil pasos a nivel.
Ayudas al cine
El Gobierno también reguló la concesión directa de subvenciones a las salas de cine para favorecer que acudan las personas mayores de 65 años.
La medida ya anunciada el pasado 16 de mayo estaba pendiente de definir el programa de acceso al cine, que ya se ha elaborado en colaboración con las principales asociaciones de los sectores de la exhibición y de la distribución cinematográfica.
El programa contará con un presupuesto de diez millones de euros a cargo de los Presupuestos Generales del Estado 2023 y permitirá que los mayores de 65 años puedan ver una película por dos euros un día a la semana, en principio puede ser el martes, hasta final de año.
La iniciativa tiene como objetivo impulsar al sector cultural -en especial a las salas de cine-, que es el que más está tardando en recuperarse de los efectos de la pandemia.
Las salas de cine han perdido un 40 por ciento de espectadores desde 2019 y los mayores de 65 años acuden un 60 por ciento menos.
La medida beneficiará a más de nueve millones y medio de espectadores. El 49 por ciento de los jóvenes de entre 20 a 24 años ha acudido al menos una vez al año al cine entre 2021 y 2022, pero ese porcentaje cae hasta el 6 por ciento en el caso de la población de más edad.
Desde la entrada en vigor de la medida, un día después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, las salas interesadas en participar tendrán siete días hábiles para presentar su solicitud, por lo que se calcula que en julio pueda entrar en vigor.
La medida se incluye en los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que persigue facilitar el acceso a la cultura y fomentar el tránsito hacia el nuevo entorno digital.
El Gobierno también autorizó al Instituto de la Cinematografía y de las Artes Visuales a convocar las ayudas generales para la producción de largometrajes sobre proyectos del año 2023, por un importe estimado de sesenta y dos millones de euros, un 10,71 por ciento más que el año pasado.
El objetivo específico de esta línea de ayudas, que se convoca mediante convocatoria abierta, es mejorar el tejido industrial de las industrias cinematográficas, posibilitando su fortalecimiento y facilitando el desarrollo de su actividad en un mercado abierto y competitivo.
Además, las ayudas están en línea con dos de los ejes del plan de recuperación: la digitalización y la reducción de la brecha de género, destinan un mínimo del 35 por ciento para los proyectos realizados exclusivamente por directoras y un mínimo del 10 por ciento a proyectos de animación.
Por otro lado, los jóvenes que cumplen dieciocho años a lo largo del año 2023, pueden solicitar ya y hasta el próximo 30 de septiembre el nuevo bono cultural joven a través de una página web habilitada.
La segunda edición de esta convocatoria, aprobada el pasado 20 de marzo, ha incorporado nuevos métodos de identificación para facilitar el proceso de solicitud.
Se trata de una ayuda de 400 euros dirigida a medio millón de jóvenes que cumplen 18 años durante este 2023 y que podrán destinar a la adquisición y el disfrute de productos, servicios y actividades culturales.
Presidencia española de la Unión Europea
En otro orden de cosas, se conoció el informe de preparación de la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea, que comienza el próximo 1 de julio.
El arranque de la Presidencia españolas será el 15 de junio, donde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, detallará las prioridades y diversos aspectos prácticos; el 3 de julio el Colegio de Comisarios acudirá a Madrid y el 4 de julio se llevará a cabo en Bruselas la inauguración formal.
Entre los grandes asuntos que centrarán el semestre español, estará la guerra de Ucrania; todo lo relativo a los ciudadanos y las empresas: la seguridad energética y la transición verde, la reforma del mercado eléctrico, la competitividad, las reglas de gobernanza económica y los fondos ‘Next Generation‘; iniciativas como la tarjeta europea de dependencia, la salud mental o el Pacto de Migración y Asilo.