El Gobierno elevará al Tribunal Constitucional las leyes autonómicas que se han impulsado en las comunidades de Aragón, la Comunitat Valenciana y, más recientemente, Castilla y León, si conculcan la Ley de Memoria Democrática de 2022 y los tratados internacionales de derecho humanitario suscritos por España.
Los grupos parlamentarios del PP y Vox de Castilla y León presentaron el pasado martes una proposición de ley autonómica de la Concordia que pretende derogar el actual Decreto de Memoria Histórica y Democrática, aprobado por al anterior Gobierno de la comunidad.
Antes, a mediados de febrero 2023, el Gobierno de Aragón derogó la Ley autonómica de Memoria Democrática, impulsada por el anterior ejecutivo en 2018. También hizo lo propio la Comunitat Valenciana, cuando el 21 de marzo presentó, de la mano del PP y Vox, una proposición de Ley autonómica de la Concordia para sustituir a la actual Ley Valenciana de Memoria Democrática de 2017.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Víctor Ángel Torres, ha señalado este 2 de abril de 2024 que las secretarías de Estado de Política Territorial y de Memoria Democrática han estudiado las leyes y proposiciones de ley que están impulsando los gobiernos conformados por PP y Vox contra la Memoria Democrática.
Con respecto a Aragón, que ya ha aprobado su norma para derogar la ley autonómica de 2018, el Gobierno activará la Comisión Bilateral para intentar llegar a un acuerdo y «si no se alcanza, recurriremos al Tribunal Constitucional».
Sobre la Comunitat Valenciana y Castilla y León, el ministro ha aclarado que los servicios jurídicos están analizando los textos y, «si es pertinente, también se interpondrán recursos de inconstitucionalidad», afirmó.
«Este es un Ministerio de acuerdos, pero también es cierto que hay mecanismos que están ya arbitrados y que, si no llegamos a un entendimiento, acudiremos al Tribunal Constitucional para garantizar el cumplimiento de la Ley», ha indicado el ministro.
«La Ley de Memoria Democrática es para reparar el daño a todas las víctimas, pero las del bando ganador de la Guerra Civil fueron exhumadas durante el franquismo. No pasó lo mismo con quienes lucharon para defender el orden constitucional y democrático, y esta Ley está para ampararles», ha añadido.
Garantía para las exhumaciones en Aragón
Torres ha querido aclarar que «tanto en Aragón, como en cualquier rincón de España, el Gobierno aplicará la Ley estatal» y ha asegurado que se seguirán subvencionando las exhumaciones desde el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática: «En Aragón no va a quedar ninguna fosa sin exhumar», ha garantizado el ministro.
La Ley aragonesa que, como se ha adelantado, deroga la Ley autonómica de Memoria Democrática de 2018, «contiene aspectos como negar cualquier homenaje a personas que fueron prisioneras y represaliadas en campos de concentración nazis, elimina el mapa de fosas y retira el inventario de lugares de Memoria que se estaba implementando en la comunidad», según ha señalado Ángel Víctor Torres, quien ha insistido en que se seguirá trabajando en este inventario, así como en la aplicación rigurosa de la Ley de Memoria Democrática, porque «se están vulnerando el derecho internacional y los derechos humanos».
En cuanto a la proposición de ley autonómica de la Concordia de Castilla y León, esta habla de «honrar y proteger la historia de España desde 1931 hasta 1978», incluyendo, por tanto, los años de la Segunda República -como ya hizo la proposición de ley de la Comunitat Valenciana-, y sin hacer referencia alguna o condenar a la Dictadura de Franco. «Es inadmisible que se intente igualar los años democráticos de la Segunda República (1931-1936) con la Dictadura posterior a la Guerra Civil y sus consecuencias», ha agregado el ministro, que considera que «no cabe igualar la democracia con el totalitarismo».
Los planteamientos de estas normas impulsadas en las comunidades de Aragón, Comunitat Valenciana y Castilla y León se basan en postulados revisionistas y esgrimen argumentos como que no hay consenso histórico sobre las etapas de la República, la Guerra Civil y el franquismo, o que las nuevas generaciones han recibido una visión sesgada de lo sucedido en aquellas etapas, favoreciendo así una división en la sociedad española.
«Se trata de unos planteamientos que blanquean la Dictadura franquista, niegan la existencia del Golpe de Estado como causante de la Guerra de España de 1936 a 1939, pretenden que no se conozca la verdad de lo que ocurrió y, lo que es peor, condenan a las víctimas de nuevo al olvido», ha agregado Torres.
El Gobierno cumplirá la Ley
El ministro considera que estas normas autonómicas pretenden, «a través de una malentendida concordia, enterrar la memoria de las víctimas de la Guerra y la dictadura franquista».
Torres ha reiterado que velará por el cumplimiento de la Ley 20/22, de 19 de octubre, de Memoria Democrática.
«El Gobierno de España está decidido a cumplir la Ley sin vacilar y a llevarla hasta el último rincón del país, para velar por la democracia, que es lo más valioso que tenemos», ha concluido
