El Consejo de Ministros aprobó, en su reunión del míércoles 27 de diciembre, un Real Decreto-ley para prorrogar algunas de las medidas anticrisis para hacer frente a la inflación derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como paliar los efectos de la sequía. La norma recoge las prórrogas de iniciativas vigentes desde 2022 y 2023.
Entre las medidas, mantener la reducción del IVA del cero por ciento en todos los alimentos de primera necesidad entre los que se encuentra el pan, la harina, la leche, los quesos o los huevos; y la rebaja del diez al cinco por ciento del aceite y la pasta. Una medida que se prorroga hasta junio de 2024.
Se mantienen las rebajas de impuestos que tienen efectos directos en el IPC, como son las del IVA en la electricidad y el gas, aunque será gradual. En el caso de la electricidad, durante 2024, el IVA a pagar será del 10 por ciento (estaba en el 5 por ciento), mientras que el Impuesto Especial de la Electricidad (IEE) subirá al 2,5 por ciento durante el primer trimestre del año y en el 3,8% en el segundo, y el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE) tendrá un tipo del 3,5 por ciento hasta marzo y del 5,25 por ciento hasta junio.
También se prorrogan por un año los gravámenes a los beneficios extraordinarios a las grandes empresas energéticas y a la banca. Se prolonga durante seis meses, la prohibición de cortar los suministros básicos de luz, agua y gas a los consumidores vulnerables y los descuentos reforzados del bono social.
El Gobierno acordó también prorrogar durante 2024 la gratuidad para los usuarios frecuentes de los servicios de Cercanías, Rodalíes y Media Distancia convencional y de las líneas de autobús de titularidad estatal, así como los descuentos del 50 por ciento de los abonos Avant.
El Ejecutivo prorrogará las ayudas directas para promover la rebaja de, al menos, el 50 por ciento del precio de los abonos y títulos multiviaje del transporte público colectivo urbano e interurbano durante todo 2024.
Es el octavo paquete de medidas impulsado por el Ejecutivo que ha movilizado recursos por valor de cerca de cincuenta mil millones de euros.
Por último, el Gobierno aprobó dos nuevas medidas de carácter social incluidas en el Real Decreto-ley. La primera supone la eliminación de las comisiones por la retirada de efectivo en ventanilla para mayores de 65 años y personas discapacitadas.
La segunda, la cesión de la gestión del Ingreso Mínimo Vital a las comunidades autónomas con régimen común que lo soliciten para equipararlas a las de régimen foral que ya lo tenían cedido, como son País Vasco y Navarra.
Revalorización de las pensiones
Asimismo se aprobó la revalorización de cerca de doce millones de pensiones del sistema de la Seguridad Social, de clases pasivas y de otras prestaciones públicas, conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC) para 2024.
La subida, efectiva desde el 1 de enero, supone un incremento del 3,8 por ciento con carácter general de las pensiones del sistema de Seguridad Social y de Clases Pasivas del Estado. Por su parte, las pensiones mínimas, no contributivas y el ingreso mínimo vital (IMV) subirán un 6,9 por ciento, y las de viudedad con cargas familiares un 14,1 por ciento.
