El Consejo de Ministros aprobó este martes 12 de diciembre el acuerdo por el que se fijan los objetivos de estabilidad y el límite de gasto no financiero para las administraciones públicas para el periodo 2024-2026.
Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2024, los primeros del nuevo Ejecutivo, permitirán seguir adelante con las políticas sociales sin renunciar al objetivo de reducir el déficit público desde el 3,9 por ciento del PIB previsto para 2023 al 3% en 2024. Se prevé que puedan estar listos en el primer trimestre de 2024.
Por otra parte, el Ejecutivo, a propuesta del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, aprobó una partida extra de cerca de quinientos millones de euros para el sistema de I+D+i que se suman a los mil millones anunciados hace dos semanas.
Esta cantidad se desglosa en una convocatoria de proyectos de colaboración público-privada de trescientos veinte millones, ampliables a trescientos sesenta millones si hubiera disponibilidad financiera, y una convocatoria para Formación del Profesorado Universitario (FPU) con una cuantía de ciento veinte millones de euros (ampliables a ciento treinta y cuatro millones).
Ambas partidas suponen un aumento del 22 y del 18 por ciento, respectivamente, respecto a 2022 e irán a cargo del presupuesto nacional y no de los fondos de recuperación europeos.
Este incremento de recursos a FPU supone más del 68 por ciento con respecto a 2018 y va a permitir la creación de casi mil contratos (cincuenta más que en 2022 y cien más que en 2018).
Por último, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el nombramiento de más de cuatrocientos treinta científicos titulares en organismos públicos de investigación gracias a las ofertas públicas de empleo aprobadas por el Ministerio de Función Pública.
También se aprobó un Real Decreto con un presupuesto de casi cien millones de euros para la formación en capacidades digitales de más de cuatrocientos mil niñas, niños y adolescentes.
Los objetivos son cerrar la brecha digital dotando de competencias digitales básicas a niñas y niños e iniciar la enseñanza de competencias digitales avanzadas a adolescentes y jóvenes vulnerables favoreciendo la capacitación para la empleabilidad con perspectiva de género.
La partida de casi cien millones de euros combina formación online y presencial dirigida a dos franjas de edad: niñas y niños de 9 a 13 años y adolescentes de 14 a 17 años. Las actividades tendrán lugar en horarios y periodos no lectivos, integrados en extraescolares o durante el periodo estival.