El Gobierno de España ha dado un paso decisivo para desbloquear la situación administrativa de cientos de miles de personas migrantes que ya viven en el país. El Consejo de Ministros ha iniciado la tramitación de una regularización extraordinaria, negociada con Podemos y alineada con una Iniciativa Legislativa Popular respaldada por más de setecientas mil firmas, con el objetivo de reconocer derechos, facilitar la integración social y reforzar la cohesión económica.
La propuesta del Gobierno, articulada mediante un Real Decreto, se encuentra ya en audiencia pública y podría activarse a partir de abril de 2026, según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
Una regularización para responder a una realidad social existente
La propuesta del Ejecutivo parte de un diagnóstico ampliamente compartido por organizaciones sociales, sindicatos y expertos en derechos humanos: en España residen desde hace años cientos de miles de personas extranjeras que trabajan, cuidan, estudian y sostienen sectores esenciales, pero que permanecen en situación administrativa irregular. Esta circunstancia las expone a la explotación laboral, dificulta su acceso pleno a la sanidad o la educación y debilita el propio sistema de protección social.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha defendido que se trata de «una medida largamente trabajada, dialogada y necesaria para dar respuesta a una realidad que ya existe en nuestras calles, en nuestras empresas y en nuestra sociedad».
Según ha subrayado, la vía reglamentaria resulta en estos momentos «la más rápida, eficaz y garantista» para ofrecer una solución conforme al marco legal español y europeo.
Requisitos claros y plazos definidos
El texto sometido a audiencia pública fija criterios concretos para acceder a la regularización extraordinaria. Las personas solicitantes deberán acreditar una permanencia continuada mínima de cinco meses en el momento de presentar la solicitud y demostrar que residían en España antes del 31 de diciembre de 2025. Además, no podrán contar con antecedentes penales ni suponer una amenaza para el orden público.
En el caso de solicitantes de protección internacional, bastará con que la petición de asilo se hubiera presentado antes de esa fecha límite y pueda acreditarse documentalmente. La norma admite una amplia variedad de pruebas —documentos públicos, privados o una combinación de ambos— con el fin de evitar trabas burocráticas innecesarias.
El proceso permanecerá abierto hasta el 30 de junio de 2026, y el Ministerio prevé que las solicitudes comiencen a presentarse a principios de abril, una vez culminados los trámites formales del Real Decreto.
Autorización de residencia y trabajo desde el primer día
Uno de los elementos centrales de la iniciativa es la concesión de una autorización de residencia con habilitación automática para trabajar en todo el territorio nacional y en cualquier sector.
Esta autorización tendrá una vigencia inicial de un año. Transcurrido ese periodo, las personas regularizadas deberán incorporarse a las figuras ordinarias previstas en el Reglamento de Extranjería, lo que facilita una integración progresiva y estable.
La propia admisión a trámite de la solicitud —que deberá resolverse en un plazo máximo de quince días— permitirá empezar a trabajar, mientras que la resolución definitiva no podrá demorarse más de tres meses. Para el Gobierno, este diseño pretende «romper con las barreras administrativas del pasado» y reducir de manera efectiva la economía sumergida.
Impacto laboral y económico: datos que avalan la medida
Los documentos difundidos por el Ministerio destacan el impacto positivo que la regularización puede tener sobre el mercado de trabajo y las cuentas públicas. En 2025, España cerró el ejercicio con más de tres millones cien mil personas extranjeras afiliadas a la Seguridad Social, el catorce coma uno por ciento del total de cotizantes.
Desde la reforma laboral, se han incorporado ochocientas mil personas extranjeras más al sistema, y casi un millón adicional respecto a la etapa previa a la pandemia.
Además, el setenta y siete por ciento de las nuevas altas en el trabajo autónomo durante 2025 correspondieron a personas de origen extranjero. Estos datos, según el Ministerio, evidencian que la aportación de la población migrante «es estructural, no coyuntural», y resulta clave para sostener el empleo, reforzar el sistema de pensiones y avanzar hacia una prosperidad compartida.
Unidad familiar y derechos de la infancia
La regularización extraordinaria incorpora también una perspectiva familiar. El proyecto normativo permitirá la regularización simultánea de los hijos e hijas menores de las personas solicitantes que se encuentren en España, con autorizaciones de residencia de hasta cinco años.
«La integración no es individual, es familiar», ha recordado Elma Saiz, al destacar la necesidad de ofrecer estabilidad y derechos a los menores y a los proyectos de vida ya arraigados en el país.
Precedentes en España y en la Unión Europea
Lejos de constituir una excepción, las regularizaciones extraordinarias forman parte de una práctica consolidada en la política migratoria española. Desde finales de los años ochenta, distintos gobiernos —tanto del Partido Socialista como del Partido Popular— han impulsado procesos similares.
En 2005, durante el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, se regularizó la situación de más de quinientas setenta mil personas. Los gobiernos de José María Aznar aprobaron, a su vez, dos procesos que beneficiaron a más de medio millón de migrantes.
A escala europea, se han llevado a cabo más de cuarenta regularizaciones desde los años noventa, con ejemplos recientes en Italia y Portugal. La Comisión Europea y diversas instituciones comunitarias han subrayado en distintas ocasiones la necesidad de combinar vías legales y seguras de migración con políticas de integración efectivas, en línea con los valores fundacionales de la Unión.
Actualidad
En las últimas horas, organizaciones sindicales como CCOO Madrid y UGT Madrid han valorado el anuncio del Gobierno, al considerar que la regularización contribuirá a combatir la explotación laboral y a reforzar la negociación colectiva en sectores especialmente precarizados.
Asociaciones vecinales agrupadas en la FRAVM han destacado, por su parte, el impacto que la medida puede tener en la convivencia y la cohesión de los barrios.
Medios como El País, eldiario.es o Cadena SER han informado de que el acuerdo político con Podemos ha resultado clave para desbloquear una iniciativa que llevaba meses encallada en el ámbito parlamentario.
