El Consejo de Ministros ha aprobado este 21 de enero 2025 un anteproyecto de ley que moderniza las carreras judicial y fiscal en España, con el que se busca garantizar una selección más equitativa, fortalecer la formación continua y mejorar las condiciones laborales de jueces, fiscales y magistrados, abordando el déficit de personal en el sistema de justicia.
Una reforma integral para un sistema judicial más eficiente
La iniciativa presentada por el Gobierno tiene como objetivo actualizar el modelo de acceso y promoción en las carreras judicial y fiscal, garantizando igualdad de oportunidades, calidad formativa y una cobertura adecuada en los órganos jurisdiccionales.
Según el Ministerio de Justicia, esta reforma es una respuesta necesaria a los retos estructurales del sistema judicial español.
El anteproyecto se centra en tres pilares principales: el acceso a la profesión, la formación de los profesionales y la mejora de las condiciones laborales.
Acceso más equitativo a la judicatura y fiscalía
La reforma redefine los procedimientos de selección para hacerlos más inclusivos y accesibles, garantizando que el mérito y la capacidad sean los principales criterios de evaluación.
- Diversificación de pruebas: El nuevo modelo reduce el peso de los exámenes memorísticos y da prioridad a pruebas prácticas y evaluaciones continuas que reflejen las competencias necesarias en el ejercicio profesional.
- Igualdad de oportunidades: Se implementarán medidas para fomentar la diversidad en las carreras judicial y fiscal, promoviendo la presencia de mujeres, personas con discapacidad y otros colectivos infrarrepresentados.
- Digitalización del proceso de selección: Las pruebas y trámites administrativos se modernizarán con herramientas tecnológicas, lo que permitirá mayor transparencia y agilidad.
Fortalecimiento de la formación continua
El segundo eje de la reforma se centra en garantizar que los jueces y fiscales tengan acceso a una formación de calidad a lo largo de toda su carrera profesional.
- Actualización permanente: Se creará un sistema de formación continua que permitirá a los profesionales actualizar sus conocimientos jurídicos y adaptarse a los cambios normativos y tecnológicos.
- Colaboración con universidades y centros especializados: La reforma fomenta acuerdos con instituciones académicas para ofrecer programas de formación avanzada en áreas como derechos humanos, justicia digital y nuevas tecnologías.
- Énfasis en justicia digital: Dada la transformación tecnológica del sistema judicial, se ofrecerán cursos específicos para mejorar la competencia digital de los operadores jurídicos.
Mejora de las condiciones laborales
La reforma también aborda problemas históricos en las condiciones laborales de los jueces y fiscales, con medidas concretas para reducir la sobrecarga de trabajo y mejorar su bienestar.
- Refuerzo de plantillas: El Gobierno se compromete a incrementar el número de jueces y fiscales en todo el territorio nacional para reducir los tiempos de resolución de casos.
- Conciliación familiar y laboral: Se introducirán medidas para facilitar la conciliación, como flexibilización de horarios y licencias específicas.
- Incentivos económicos: La propuesta incluye una revisión de los salarios y la introducción de incentivos para aquellos que trabajen en zonas de difícil cobertura o con alta carga de trabajo.
Reacciones y perspectivas
El ministro de Justicia, Félix Bolaños. en rueda de prensa, destacó que «esta reforma no solo responde a las demandas históricas de los profesionales del sector, sino que también beneficiará a los ciudadanos, quienes podrán contar con un sistema judicial más ágil, moderno y accesible».
Por su parte, asociaciones de jueces y fiscales han valorado algunos aspectos del anteproyecto, aunque han señalado que será clave garantizar la financiación adecuada para que estas medidas no queden en papel mojado.
