Un anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros busca revertir el modelo privatizador y limitar la externalización de servicios sanitarios
El Consejo de Ministros a propuesta de la ministra de Sanidad, Mónica García Gómez, aprobó el 9 de febrero de 2026 el Anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), una reforma legislativa que pretende redefinir el modelo sanitario español.
El texto plantea un cambio estructural: convertir la gestión pública directa en la regla general y relegar la externalización de servicios sanitarios a un supuesto excepcional.
La iniciativa se presenta como una respuesta política a las transformaciones introducidas desde finales de los años noventa, cuando la legislación permitió la entrada de empresas privadas en la gestión de hospitales y servicios sanitarios.
Según el Gobierno, la nueva ley busca reforzar el carácter universal del sistema sanitario y mejorar su transparencia y control público.
Un giro legislativo frente al modelo de colaboración público-privada
El nuevo marco normativo propone derogar la Ley 15/1997, que habilitó las denominadas «nuevas formas de gestión» en la sanidad pública.
Aquella norma abrió la puerta a modelos de colaboración público-privada, incluyendo concesiones hospitalarias y consorcios mixtos.
El anteproyecto plantea ahora un cambio de enfoque: la gestión directa por parte de la administración sanitaria pasa a ser el modelo preferente.
Las comunidades autónomas deberán justificar técnicamente cualquier externalización y demostrar que no existen medios públicos suficientes para prestar el servicio.
El objetivo declarado del Gobierno es evitar que la externalización se convierta en una práctica habitual de gestión y garantizar que el sistema sanitario se organice prioritariamente desde el sector público.
Consorcios sanitarios bajo mayor control público
Uno de los elementos centrales de la reforma es la regulación de los consorcios sanitarios, estructuras utilizadas en diversas comunidades autónomas para gestionar hospitales o servicios especializados.
El anteproyecto establece que estos organismos deberán estar adscritos obligatoriamente a una administración sanitaria y someterse a normas estrictas de control financiero y presupuestario.
Además, sus cuentas deberán auditarse anualmente y se refuerzan los mecanismos para evitar conflictos de interés en los procesos de auditoría.
En materia de personal, los trabajadores de los consorcios mantendrán el régimen jurídico correspondiente a su origen —funcionario, estatutario o laboral— con el objetivo de evitar la creación de marcos laborales paralelos dentro del sistema público.
Externalización solo en casos excepcionales
El aspecto más innovador de la propuesta legislativa se encuentra en la regulación de la gestión indirecta de servicios sanitarios. A partir de ahora, cualquier externalización deberá someterse a un procedimiento de evaluación previo.
Las administraciones tendrán que demostrar que la prestación directa no es viable y justificar la externalización mediante informes técnicos que acrediten su sostenibilidad financiera, su eficiencia y su impacto en la calidad asistencial.
La ley introduce así una lógica inversa a la aplicada durante las últimas décadas: externalizar ya no será una opción discrecional, sino una excepción que deberá justificarse técnicamente.
El fin del modelo de concesiones hospitalarias
El anteproyecto también pone fin a un modelo muy utilizado en la expansión hospitalaria de los últimos años: los contratos mixtos de construcción y gestión de hospitales por empresas privadas.
En este sistema, una empresa construía la infraestructura hospitalaria y obtenía posteriormente la concesión para gestionar los servicios sanitarios durante largos periodos de tiempo. El Gobierno considera que este modelo genera compromisos financieros a largo plazo que dificultan la planificación del sistema sanitario.
Con la nueva ley, este tipo de concesiones quedará prohibido.
Transparencia y control del gasto sanitario
La reforma incorpora también medidas destinadas a reforzar la transparencia y la rendición de cuentas en el sistema sanitario.
Las administraciones deberán publicar periódicamente indicadores de calidad asistencial, resultados en salud y datos relativos a la contratación pública. Asimismo, los contratos de concesión de servicios deberán contar con un informe previo de la Oficina Nacional de Evaluación, para de analizar su sostenibilidad económica.
El objetivo es evitar que determinados modelos de externalización se utilicen para desplazar gasto público fuera de los presupuestos ordinarios de las comunidades autónomas.
Un conflicto político con las comunidades autónomas
La propuesta legislativa ha abierto un intenso debate político. La Comunidad de Madrid ha criticado duramente el anteproyecto, al que ha calificado de «ley anti-Madrid», argumentando que limitar la colaboración público-privada podría aumentar las listas de espera.
Desde el Ministerio de Sanidad se defiende, por el contrario, que la reforma protege un patrimonio público fundamental y evita que el sistema sanitario quede condicionado por intereses mercantiles.
El debate refleja dos modelos contrapuestos: uno basado en la colaboración estructural con el sector privado y otro centrado en el refuerzo del sistema público como eje principal de la asistencia sanitaria.
El factor laboral: médicos y enfermeras en conflicto
La tramitación de la ley coincide además con un momento de fuerte tensión laboral en el sector sanitario. Diversos sindicatos (UGT y CCOO ente ellos) han convocado movilizaciones y huelgas en protesta por la reforma del Estatuto Marco del personal sanitario.
Las organizaciones profesionales denuncian que el Ministerio de Sanidad no ha respondido a sus demandas sobre jubilación anticipada, jornada laboral y mejora de condiciones profesionales.
Este conflicto introduce un elemento de incertidumbre en la reforma: fortalecer la gestión pública exige también garantizar condiciones laborales atractivas para médicos, enfermeras y demás profesionales sanitarios.
Una reforma ambiciosa con desafíos por delante
El Anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud representa uno de los intentos más ambiciosos de redefinir el modelo sanitario español desde la aprobación de la Ley General de Sanidad de 1986.
La reforma pretende reforzar la gestión pública, aumentar los mecanismos de control y limitar la externalización de servicios. Sin embargo, su aplicación efectiva dependerá de varios factores: la negociación con las comunidades autónomas, la resolución de los conflictos laborales en el sector sanitario y la disponibilidad de recursos para asumir una mayor gestión directa.
En definitiva, el Gobierno propone un giro estratégico hacia una sanidad más pública y más controlada institucionalmente, pero el debate político y territorial sobre su alcance acaba de comenzar.
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