El Consejo de Ministros aprobó este 14 de octubre de 2025 un anteproyecto de reforma del artículo 43 de la Constitución española con el objetivo de blindar el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, explicó que esta iniciativa «supone un paso más en la garantía y el reconocimiento de los derechos de las mujeres», y busca incorporar este derecho en el Título I de la Carta Magna, dedicado a los derechos y deberes fundamentales.
Un nuevo apartado en el artículo 43
La propuesta incorpora un nuevo apartado cuarto al artículo 43 de la Constitución con la siguiente redacción:
«Se reconoce el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. El ejercicio de este derecho, en todo caso, será garantizado por los poderes públicos, asegurando su prestación en condiciones de igualdad efectiva, así como la protección de los derechos fundamentales de las mujeres».
El texto sitúa este derecho dentro del Capítulo III, relativo a los principios rectores de la política social y económica, vinculado al derecho a la protección de la salud. Según Redondo, esta vinculación refuerza el compromiso del Estado con un sistema sanitario público que garantice la prestación de este servicio «en condiciones de igualdad y seguridad jurídica en todo el país».
Referencias constitucionales y marco jurídico
La ministra recordó que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha sido «clara y constante» al vincular la interrupción voluntaria del embarazo con derechos fundamentales como la dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad (artículo 10), la integridad física y moral (artículo 15), la igualdad de derechos en todo el territorio nacional (artículo 139.1) y la obligación de los poderes públicos de garantizar la igualdad real y efectiva (artículo 9.2).
De este modo, la reforma busca dar rango constitucional a una práctica ya reconocida y regulada en la legislación vigente, fortaleciendo su protección frente a posibles retrocesos políticos o ideológicos.
Procedimiento parlamentario y mayorías necesarias
La reforma seguirá el procedimiento ordinario establecido en el artículo 167 de la Constitución. Deberá contar con el informe del Consejo de Estado y ser aprobada por una mayoría de tres quintos en el Congreso y el Senado. En caso de desacuerdo entre ambas cámaras, se constituirá una Comisión Mixta que elaborará un texto de consenso. Si persistiera el desacuerdo, la reforma podría salir adelante con una mayoría de dos tercios en el Congreso y mayoría absoluta en el Senado.
Asimismo, Redondo recordó que la Constitución permite la convocatoria de un referéndum de ratificación si lo solicita una décima parte de los diputados o senadores, aunque manifestó su confianza en alcanzar las mayorías necesarias para la aprobación parlamentaria.
Blindaje frente a los retrocesos
La ministra justificó la reforma como una respuesta política «urgente» ante la ola reaccionaria nacional e internacional que amenaza los derechos de las mujeres.
«Lo hemos visto en Estados Unidos, en varios países europeos y también en España, con iniciativas de gobiernos autonómicos que han cuestionado o dificultado el acceso a este derecho. Desde Castilla y León hasta Madrid, hemos asistido a intentos de imponer la escucha del latido fetal o de impedir la creación de registros de objetores de conciencia».
Redondo advirtió de que blindar el derecho al aborto en la Constitución es esencial para impedir que «futuras mayorías puedan limitarlo o revertirlo». De esta manera, el Ejecutivo busca consolidar los avances logrados desde la aprobación de la primera ley de interrupción voluntaria del embarazo en 1985, garantizando que su ejercicio quede protegido como un derecho fundamental.
Reforzar la sanidad pública
La titular de Igualdad subrayó que la iniciativa también fortalece el sistema público de salud, ya que el nuevo texto se inserta en el artículo 43, que reconoce el derecho a la protección de la salud.
«En determinadas comunidades autónomas, gobernadas fundamentalmente por el Partido Popular, se está produciendo una reducción de la calidad del servicio público y una apuesta por la privatización y externalización de servicios que afectan específicamente a la interrupción voluntaria del embarazo y a las mujeres».
Con la reforma, el Gobierno pretende reforzar la obligación legal de que cada comunidad autónoma disponga de al menos un hospital público de referencia donde se pueda hacer la intervención, garantizando la igualdad territorial y el acceso efectivo al derecho.
Un reconocimiento a las mujeres y al movimiento feminista
Redondo concluyó su intervención dirigiendo un mensaje a «las mujeres de este país y al movimiento feminista». Recordó que en 2025 se cumplen cincuenta años de democracia y cuarenta años de la primera ley del aborto, aprobada en 1985.
«Las mujeres han luchado por la libertad sobre su propio cuerpo, por la dignidad sobre su proyecto vital y por esa integridad física y moral que ahora pretendemos reconocer constitucionalmente. Las reconocemos en la lucha, las acompañamos y blindamos la prestación del derecho en la sanidad pública».
La ministra subrayó que esta reforma constituye un avance histórico en la protección de los derechos sexuales y reproductivos, y que su inclusión en la Constitución consolida el compromiso del Estado con la igualdad real entre hombres y mujeres.
Contexto y relevancia política
El anuncio llega en un momento de debate europeo sobre los derechos reproductivos, tras el retroceso en Estados Unidos y las restricciones en algunos países de la Unión Europea. Con esta iniciativa, España se situaría entre los primeros países del mundo en consagrar constitucionalmente el derecho al aborto, equiparándose a Francia, que lo incluyó en su Constitución en 2024.
Además, la reforma refuerza el marco de protección frente a las desigualdades territoriales y consolida el papel del Estado como garante de los derechos de las mujeres, en un contexto político en el que los derechos sexuales y reproductivos han vuelto al centro del debate público.
