El Gobierno aprobó, el martes 4 de julio, el fin de la obligatoriedad del uso de las mascarillas en los espacios en los que se mantenía, principalmente hospitales, centros de salud, farmacias y residencias, si bien su utilización se considera altamente recomendable para proteger a la población vulnerable.
Así, se aconseja seguir utilizando mascarillas en el caso de personas con síntomas que se encuentren en espacios compartidos; por los profesionales que atiendan casos sintomáticos; por personas que trabajen en UCI’s y en unidades con pacientes vulnerables; en urgencias hospitalarias y de Atención Primaria y en centros residenciales.
El acuerdo declara la finalización de la crisis sanitaria por la pandemia de COVID-19 iniciada en marzo de 2020.
Por otra parte, en el área de Industria, Comercio y Turismo, el Consejo de Ministros presentó un informe de situación del PERTE del vehículo eléctrico y conectado, cuyo objetivo es crear el ecosistema necesario para el desarrollo de vehículos eléctricos y conectados a la red.
De acuerdo con este informe, la segunda convocatoria de este proyecto estará dotada con 850 millones de euros y, con la tercera, se superará un total de tres mil millones de euros.
Además, se ha aprobado un real decreto para modernizar y agilizar la normativa de inversiones extranjeras en España. Se ha autorizado la concesión de subvenciones por valor de ochenta y seis millones de euros para compensar cargos de la factura energética a empresas electrointensivas.
También en el ámbito de Industria y en el marco del Plan de recuperación, Transformación y Resilencia, el Ejecutivo autorizó la convocatoria de ayudas por más de más de doscientos diez millones de euros en cinco líneas que impulsarán la transformación digital, el crecimiento y la formación de emprendedores y pymes.
Además, el Ejecutivo acordó el nuevo marco estratégico contra el Racismo y la Xenofobia, que responde al compromiso de los estados miembros de la Unión Europea de tener planes específicos contra el racismo y plantea medidas para la prevención y la sensibilización, así como para la atención y reparación a las víctimas.
Dentro de la primera línea de actuación, ya se ha puesto en marcha un procedimiento de denuncias ante la Fiscalía General del Estado de posibles delitos de discurso de odio.
Finalmente, el Consejo de Ministros aprobó el decreto de ayudas para las víctimas de la talidomida, que podrá solicitarse durante los próximos tres meses en un pago único; una subvención de un millón y medio de euros al Comité Olímpico Español (COE) para favorecer la práctica de deportes en los centros de acogida de migrantes; y siete contratos para la conservación de carreteras por valor de más de doscientos cuarenta millones de euros.
