Greenpeace, Ecologistas en Acción y Oxfam Intermón han presentado ante el Tribunal Supremo una demanda contra el Gobierno de España por inacción ante el cambio climático, un paso decisivo en el proceso judicial emprendido por las tres organizaciones el pasado mes de septiembre para exigir al Ejecutivo una respuesta adecuada ante la emergencia climática.
Hasta el momento, más de 55 organizaciones, movimientos y plataformas de todo el territorio nacional se han sumado a la demanda. En paralelo, las organizaciones demandantes continúan con la recogida de firmas, que hasta el momento ha recabado el apoyo de más de 24.000 personas.
La demanda se justifica en la constatación de que los sucesivos gobiernos de España han incumplido sus compromisos internacionales en la lucha contra el cambio climático, y las tres organizaciones solicitan al Tribunal Supremo que obligue al Ejecutivo a aprobar formalmente un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que incluya una reducción de emisiones de al menos el 55 por ciento hasta 2030 respecto a las que se tenían en 1990.
Actualmente, mientras la Unión Europea (UE) ha aumentado el objetivo de reducción de emisiones netas al 55 por ciento para 2030, el Ejecutivo español propone solo un 23 por ciento: «La falta de ambición climática del Gobierno español se ha hecho más evidente estos días tras el acuerdo de la UE de incrementar sus objetivos, que, aun siendo todavía insuficientes, están muy por encima de los españoles. No estamos hablando de meros números, sino de las consecuencias devastadoras que estos pueden tener para la vida y la salud de las generaciones futuras. Mientras los Gobiernos sigan sin hacer su parte, nosotros continuaremos acudiendo a la justicia», ha señalado Lorena Ruiz-Huerta, abogada demandante de las tres organizaciones.
Los casi doscientos folios de la demanda incorporan las últimas referencias científicas que evidencian los impactos sociales, económicos, físicos y biológicos del cambio climático, así como la vulneración de derechos humanos derivada de este, e incluyen las conclusiones de dos informes periciales: uno sobre los impactos del cambio climático específicamente en España, elaborado por el catedrático José María Baldasano, miembro del Panel Intergubernamental de Expertos para el Cambio Climático de la ONU (IPCC), que demuestra cómo las sequías, inundaciones e incendios son cada vez más devastadores en el país; y un segundo informe pericial centrado en la vinculación entre el cambio climático y la desigualdad, en particular la brecha de género, elaborado por la profesora Margarita Ruiz Ramos, profesora titular e investigadora en Universidad Politécnica de Madrid, que revela cómo la crisis climática afecta especialmente a las personas más vulnerables, que no cuentan con medios para afrontarla, ni con la protección efectiva de los poderes públicos.
Entre los datos y argumentos esgrimidos en la demanda, destaca que el Gobierno de España prevé que en 2030 el país seguirá teniendo una dependencia de los combustibles fósiles de más del 64 por ciento en el consumo energético.
Un modelo energético basado en los combustibles fósiles, además de ser responsable del cambio climático, contamina gravemente el aire, lo que, según los informes de la Agencia Europea de Medio Ambiente, provoca más de 30.000 muertes prematuras en España cada año.
Las organizaciones señalan que el abandono de los combustibles fósiles es fundamental no solo para evitar los peores impactos del cambio climático, sino también para mejorar la calidad del aire.
España es uno de los países más vulnerables al cambio climático de Europa y también es el que más ha aumentado sus emisiones entre 1990 y 2017. Según las organizaciones, el Gobierno está ahora obligado a incrementar su esfuerzo de reducción de las emisiones, para posibilitar que las generaciones futuras puedan disfrutar de un medio ambiente que les permita llevar una vida en condiciones dignas.
«Si consumimos hoy el escaso presupuesto de carbono que nos queda, las generaciones futuras sólo heredarán una enorme factura de impactos ecológicos y económicos, y no podrán emitir ni una partícula de carbono para su desarrollo ni para llevar a cabo una transición ecológica justa, que a fecha de hoy sigue estando muy lejana», ha subrayado Ruiz-Huerta.
Precedentes internacionales
La Sala Tercera del Tribunal Supremo admitió el pasado 30 de septiembre el recurso contencioso-administrativo interpuesto por las tres organizaciones. Finalizado este trámite y recibido el expediente administrativo del Gobierno, el Tribunal emplazó a las organizaciones para que, en el plazo de un mes, formularan la demanda que esta mañana se ha presentado a través de la plataforma telemática LexNet.
Esta demanda se enmarca dentro de una ola internacional de litigios climáticos que sostienen que la falta de acción contra el cambio climático vulnera los derechos humanos: desde mediados de la década de 2010, se han iniciado más de 150 litigios contra Gobiernos de todo el mundo.
Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Bélgica, Irlanda o Nueva Zelanda son sólo algunos de los países cuyos ejecutivos enfrentan actualmente demandas por esta causa. El caso más notorio es el de Holanda, donde la Fundación Urgenda ha logrado este año una histórica sentencia del Tribunal Supremo, que ha condenado al Gobierno holandés a contribuir con su «parte mínima justa» a la reducción global de emisiones para frenar el cambio climático -con independencia de cuál sea la actuación de otros Estados- y cumplir así con su obligación constitucional de proteger los derechos fundamentales de las generaciones presentes y futuras.
«Los casos que ya se han resuelto han dado como resultado una serie de normas incipientes que ‘revolucionan’ el derecho tal y como lo hemos conocido hasta ahora», ha concluido Ruiz-Huerta.
