En el Día Mundial de la Justicia Social, CCOO informa de que en la Comunidad de Madrid, la región más rica de España, en el año 2022 se encontraban en riesgo de pobreza y exclusión social 1.370.318 personas, el 20,3 por ciento de su población, de las cuales 311.062 son niñas y niños.
Y denuncia que, a pesar de estos datos, el Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso ha recortado drásticamente la Renta Mínima de Inserción (RMI), una ayuda básica para que las familias en situación de pobreza o riesgo de exclusión, especialmente con niñas y niños, tengan unos ingresos de supervivencia básicos.
Desde 2019, la inversión presupuestaria de la RMI ha bajado un 94 por ciento, pasando de 134,6 millones de euros en 2019 a 8,5 millones en 2023.
Este recorte ha tenido una incidencia directa en las personas beneficiarias de la RMI, que en este mismo periodo de tiempo han pasado de 91.067 a tan sólo 8518 en 2023, de las cuales más del 80 por ciento son de nacionalidad española.
En la Comunidad de Madrid la cuantía básica de la prestación es de 469,93 euros, por debajo de la prestación básica media estatal de 517,14 euros, y muy por debajo de comunidades autónomas con un nivel de riqueza similar; Cataluña (664 euros), País Vasco (800,28 euros), Navarra (658,37 euros) o Comunidad Valenciana (664,65 euros).
Una prestación que apenas supone un 46,99 por ciento del SMI de 2022 y del 81,16 por ciento del IPREM (579,02 euros), y también lejos de la media nacional y los porcentajes de Cataluña, País Vasco o Navarra.
La tasa de cobertura, en 2022, de la personas perceptoras de RMI de la Comunidad de Madrid respecto al total de su población, es la segunda más baja de todo el Estado, 3,14 por ciento por cada mil habitantes, lejos de la media nacional (14,06 por ciento) y muy lejos de Navarra (58,08 por ciento), País Vasco (53,14 por ciento) o Asturias (39,6 por ciento).
Si se analiza exclusivamente a las personas que viven por debajo del umbral de la pobreza, en el año 2022 la cobertura es prácticamente inexistente, alcanzando tan solo al 2,44 por ciento, lejos de la media nacional, 7,9 por ciento, lo que sitúa a la Comunidad de Madrid la cuarta por la cola, a gran distancia de Navarra (52,8 por ciento) o País Vasco (52,1 por ciento).
La Comunidad de Madrid ha aprovechado la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital (IMV) para desmantelar sin ningún pudor la RMI en vez de complementar ambas rentas para dar un mínimo de dignidad a la ciudadanía madrileña que se encuentra en una situación más vulnerable.
De esta forma y a pesar de las evidentes dificultades para su implantación, el IMV, financiado íntegramente y gestionado por el Gobierno que preside Pedro Sánchez, ha venido a paliar esta situación, destinando a la Comunidad de Madrid 312,86 millones de euros.
Esto ha posibilitado que en 2022 el IMV llegara a 53.027 personas en la Comunidad de Madrid, 2,5 por ciento veces más que la RMI (21.222 personas). O que en 2023 el IMV haya llegado a 39.485 personas en la región, mientras que la RMI sólo lo hizo a 8518 personas aproximadamente (4,6 veces menos que el IMV).
La desigualdad entre mujeres y hombres, consecuencia de la brecha salarial y la dificultad de acceso al mercado laboral, también se constata en este tipo de ayudas, ya que el 54,30 por ciento de las personas beneficiarias son mujeres.
CCOO de Madrid denuncia con estos datos el abandono de las políticas de protección social por parte del Gobierno regional, «que ni es justo ni es social», y reclama que se haga efectiva la complementariedad de ambas rentas, algo que posibilita la legislación actual, y un incremento de la RMI para que alcance al menos 700 euros mensuales.
