El Consejo de Ministros aprobó el 9 de septiembre de 2025 el Real Decreto que crea y regula el Consejo de las Lenguas Oficiales y la Oficina para las Lenguas Oficiales, dos órganos destinados a impulsar, coordinar y garantizar el uso de las lenguas cooficiales en la Administración General del Estado (AGE).
Con este paso, el Gobierno cumple con un compromiso pendiente desde 2022 y sustituye la regulación anterior de 2007, reforzando la presencia institucional de las lenguas oficiales de España en un marco más amplio y participativo.
La medida se fundamenta en la Constitución Española, que establece el carácter oficial del castellano y reconoce como cooficiales las lenguas propias de las comunidades autónomas que así lo declaren en sus estatutos. Este reconocimiento obliga a todos los poderes públicos a garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía.
El Real Decreto se alinea además con los compromisos internacionales de España, especialmente con la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias del Consejo de Europa, ratificada en 2001, que establece obligaciones claras para la promoción y protección de las lenguas en riesgo.
Según el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, el nuevo diseño «supone un cambio profundo en la manera de concebir la política lingüística en el ámbito estatal, creando un foro de diálogo, cooperación y observación que hasta ahora no existía».
El Consejo de las Lenguas Oficiales
El nuevo Consejo se configura como un órgano colegiado adscrito al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, a través de la Secretaría de Estado de Política Territorial.
Entre sus funciones destacan:
- Analizar y coordinar el uso de las lenguas oficiales en la AGE.
- Promover medidas que garanticen los derechos lingüísticos de la ciudadanía.
- Servir como observatorio y foro de diálogo en materia de política lingüística.
- Coordinar la acción del Estado con las comunidades autónomas en esta materia.
El Consejo estará presidido por la persona titular de la Secretaría de Estado de Política Territorial y contará con una vicepresidencia ejercida por la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local.
Composición plural y representativa
Una de las grandes novedades es la ampliación de su composición. A los representantes ministeriales se suman, por primera vez, las comunidades autónomas con lenguas cooficiales: País Vasco, Cataluña, Galicia, Navarra, Comunitat Valenciana e Illes Balears.
También se incorporan instituciones de relevancia nacional en el ámbito lingüístico, entre ellas:
- El Instituto Cervantes,
- La Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (BOE),
- El Instituto Nacional de Administración Pública,
- El Consejo Rector del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española,
- La Dirección General de Inteligencia Artificial.
Además, podrán ser invitadas a participar academias e institutos normalizadores de cada lengua, lo que abre el Consejo a la colaboración de entidades de referencia cultural y académica.
La Oficina para las Lenguas Oficiales
El Real Decreto crea también la Oficina para las Lenguas Oficiales, concebida como unidad permanente de asistencia y apoyo al Consejo. Esta oficina dependerá de la Subdirección General de Cooperación Autonómica y tendrá como misión:
- Promover y asesorar en el uso de las lenguas oficiales.
- Planificar la presencia de las lenguas en la Administración.
- Constatar y supervisar el cumplimiento de los derechos lingüísticos en la AGE y sus organismos vinculados.
El titular de esta Oficina ejercerá además la Secretaría del Consejo, con voz pero sin voto.
El Gobierno ha subrayado que la creación de ambos órganos no supondrá incremento del gasto público, ya que se atenderán con los recursos materiales y personales ya existentes en el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.
Reacciones institucionales
Desde el Instituto Cervantes, se valora que esta medida fortalece la proyección internacional de las lenguas oficiales. Tal y como se indica en su portal institucional, la diversidad lingüística de España «es un activo cultural de primer orden que merece reconocimiento y difusión».
El Gobierno, a través de La Moncloa, enmarcó la aprobación de este decreto en su agenda de refuerzo del derecho a la información y a la igualdad de trato en todas las lenguas cooficiales.
Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha destacado que el decreto contribuye a reforzar la imagen de España como país plurilingüe en las instituciones internacionales.
Importancia de la iniciativa
La creación del Consejo y la Oficina responde a una demanda histórica de diversas comunidades autónomas y de organizaciones sociales que reclaman una política lingüística estatal más inclusiva. Con este decreto, España avanza en la consolidación de su diversidad lingüística como un valor democrático y de cohesión social.
El nuevo Consejo de las Lenguas Oficiales y la Oficina para las Lenguas Oficiales constituyen un hito en la política lingüística española. Se trata de un espacio de cooperación interinstitucional que permitirá garantizar los derechos de la ciudadanía, fortalecer la presencia de las lenguas cooficiales en la Administración y proyectar la riqueza cultural y lingüística de España en el ámbito internacional.
