El Consejo de Ministros aprobó en su reunión del martes 19 de diciembre un Real Decreto por el que se simplifica y mejora la protección por desempleo en el marco de las reformas comprometidas con la Comisión Europea, y que completa las inversiones recogidas en el Componente 23 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Más del 56 por ciento de las personas que reciben este subsidio son mujeres. Además, los mayores de 55 años constituyen el colectivo que más se acoge al subsidio, que se concentra en cuatro comunidades autónomas: Andalucía, Comunidad Valenciana, Madrid y Cataluña.
La cobertura del subsidio de desempleo en España alcanza casi el 68 por ciento, una protección sin precedentes. El Ejecutivo aprobó un subsidio para las trabajadoras del hogar y ha incorporado el subsidio por desempleo a las personas fijas discontinuas. La base de cotización de este subsidio, ha apuntado, se eleva a 1.575 euros al estar ligada al Salario Mínimo Interprofesional (SIM) que también ha subido en los últimos años.
Se simplifican los trámites administrativos para acceder al subsidio y las personas que hayan agotado su prestación contributiva no tendrán que esperar un mes para presentar la solicitud de subsidio.
Se amplía el número de beneficiarios al permitir que los menores de 45 años sin responsabilidades familiares puedan acceder al subsidio por agotamiento. Además se reconoce el derecho a solicitarlo a los trabajadores eventuales agrarios y a los transfronterizos de Ceuta y Melilla.
Del mismo modo, se amplía la cuantía del subsidio al 95 por ciento del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiple (IPREM), índice de referencia para su concesión. Será de 570 euros durante los primeros seis meses; de 540 durante los seis siguientes y de 480 el resto del periodo. El subsidio para mayores de 52 años se mantiene en el 80% del IPREM, o sea 480 euros.
Otra novedad de la reforma es que el trabajo por cuenta ajena y la percepción del subsidio serán compatibles por un periodo de 180 días por cada nuevo empleo a tiempo completo o parcial sin reducción de la cuantía.
Por otra parte, la prestación estará vinculada a un itinerario personalizado de activación para el empleo orientado a incrementar la empleabilidad de los perceptores que, en el 80 por ciento de los casos no agotan la prestación.
Mejora de Servicios Públicos
El Ejecutivo también aprobó un conjunto de reformas para ejecutar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) en materia de Justicia, Función Pública, régimen local y mecenazgo. La tramitación de algunas de estas normas ya estaba muy avanzada.
Una vez que el real decreto-ley se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Ejecutivo solicitará a la Comisión Europea el desembolso de los diez mil millones de euros correspondientes a la Adenda del PRTR.
La parte fundamental del texto se refiere a la mejora del servicio público de justicia. Un primer bloque de medidas busca adaptar la justicia al mundo digital que se vive con toda normalidad en las administraciones públicas y también en la vida cotidiana de los ciudadanos. El derecho de los ciudadanos, las empresas y todas las personas a acceder a la justicia por medios electrónicos será la norma y no la excepción.
Entre las aplicaciones concretas de este cambio, la celebración de vistas, juicios y actos procesales a través de medios telemáticos y la creación de la Carpeta Justicia, que permitirá a cualquier persona consultar todos sus expedientes en distintos ámbitos jurisdiccionales y juzgados, y del Expediente Judicial Electrónico.
Además, se fortalece la interoperabilidad entre los diferentes órganos que intervienen en la labor de la justicia.
Un segundo bloque de reformas relacionadas con la justicia busca aumentar la eficiencia procesal para garantizar la agilidad de los procedimientos y afrontar el aumento de la litigiosidad en España.
También en el ámbito penal, las vistas se harán preferentemente de manera telemática. En la jurisdicción contencioso-administrativa, se dota a los juzgados y a los tribunales de herramientas para agilizar la tramitación de los procedimientos. En este ámbito y en el civil, se reducen las cuantías del juicio verbal, se agilizan los procedimientos de familia y la ejecución de sentencias y se crea el ‘procedimiento testigo’: cuando exista una reiteración de procedimientos, se suspenderán todos salvo el primero para que en él se pueda establecer doctrina sobre los demás.
Otra batería de iniciativas tiene como objetivo fundamental modernizar la Administración Pública.
Entre los cambios, figura el refuerzo de la evaluación del desempeño de todos los empleados públicos y el establecimiento de la carrera profesional horizontal, es decir, que se pueda progresar por tramos desde el mismo puesto en la Administración o la empresa pública.
Además, se regula la figura de los directivos profesionales públicos en el ámbito de la Administración General del Estado -lo que equivale a los subdirectores generales-, pero también en el caso de las empresas públicas.
Otra novedad esencial es la planificación estratégica de recursos humanos en aspectos como la profesionalización de los tribunales, un modelo de selección más ágil y la transformación del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) en una agencia.
Otro grupo de medidas se centra en los municipios, con el ánimo de facilitar que la ciudadanía ejerza sus derechos y reciba los servicios públicos de la manera más rápida y cercana posible.
Con esta meta, se desplegará un gran abanico de servicios públicos locales a través de medios digitales y se apoyará especialmente a los pequeños municipios en la prestación de estos servicios.
Por último, el real decreto-ley mejora los incentivos fiscales al mecenazgo, incrementando del 35 por ciento al 40 los porcentajes de deducción aplicables tanto a personas físicas como jurídicas. Además, amplía de ciento cincuenta a doscientos cincuenta euros la cuantía del micromecenazgo y también actualiza la relación de actividades económicas que dan lugar a deducciones en el Impuesto de Sociedades.
Sanidad
En cuanto a Sanidad, se aprobó el reparto de más de doscientos millones de euros a las comunidades autónomas y al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) para tres proyectos: atención digital, ampliación de cartera en genómica y mejora de la atención a pacientes que sufren ELA y enfermedades raras.
El objetivo de la medida es homogeneizar la atención entre las comunidades autónomas aprovechando el liderazgo de las diferentes regiones en cada proyecto.
Se destinarán ciento diez millones a las comunidades autónomas para desarrollar la Atención Digital Personalizada. Están orientados, por ejemplo, a monitorizar y hacer un seguimiento de pacientes diabéticos y con trastornos depresivos.
Por otra parte se dedicarán cerca de cincuenta millones de euros a ampliar la cartera de servicios de medicina genómica. En concreto, veintitrés millones son para adquirir tecnología sanitaria y la misma cantidad, para crear herramientas de gestión e integración de la información. Se pretende que haya un sistema de información interoperable alineado con la investigación. Tiene que ver con enfermedades cardiológicas, neurodegenerativas, oncológicas y metabólicas, y pretende hacer un repositorio de ellas.
