El Consejo de Ministros ha aprobado este 28 de enero 2025 un nuevo decreto ley que incluye veintinueve medidas destinadas a reforzar el escudo social, dirigidas a proteger a pensionistas, familias con menos recursos y colectivos en riesgo de exclusión social.

La normativa abarca desde mejoras en las pensiones hasta ayudas para el acceso a vivienda y transporte público.

Un escudo social renovado para las familias más vulnerables

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado en una comparecencia en La Moncloa que este decreto es un compromiso firme con «la protección de quienes más lo necesitan».

Según el Ejecutivo, las veintinueve medidas aprobadas hoy son el resultado de un amplio diálogo con agentes sociales y tienen como objetivo fortalecer el bienestar de millones de ciudadanos que enfrentan dificultades económicas.

Principales medidas del decreto

Entre las acciones más destacadas del decreto, se incluyen:

  1. Incremento en las pensiones contributivas y no contributivas: Las pensiones se actualizarán para garantizar el poder adquisitivo frente a la inflación.
  2. Ampliación de ayudas al transporte público: Se consolidan los descuentos para fomentar el uso del transporte colectivo y aliviar los gastos de las familias.
  3. Impulso a las ayudas de alquiler: Se fortalecen las subvenciones para garantizar el acceso a una vivienda digna y prevenir desahucios.
  4. Cheque familiar para hogares vulnerables: Una ayuda directa para familias con menores ingresos.
  5. Refuerzo del acceso a energía: Apoyo adicional para cubrir necesidades básicas de electricidad y gas en los hogares más vulnerables.

Además, el decreto contempla medidas para mejorar la inclusión laboral de personas en riesgo de exclusión y garantizar el acceso a servicios esenciales como la educación y la sanidad.

Rechazo de PP y VOX a las medidas

Como informó AQUÍ Madrid en una nota anterior, PP y VOX han mostrado su rechazo a las medidas del escudo social durante los debates en el Congreso. Los motivos argumentados por estos partidos incluyen:

  • PP: Critican que las medidas son «insuficientes y temporales», alegando que no resuelven los problemas estructurales de la economía.
  • VOX: Rechazan las ayudas sociales por considerarlas «populistas» y contrarias a la incentivación del empleo.

Estas posiciones reflejan una clara oposición ideológica respecto a las políticas sociales promovidas por el Gobierno.

Impacto esperado en la sociedad

Las medidas incluidas en el decreto tendrán un impacto directo en millones de personas, según las estimaciones del Gobierno. En particular, se espera que:

  • Las familias con ingresos bajos o moderados vean aliviada su carga económica gracias a las bonificaciones en transporte y las ayudas al alquiler.
  • Los pensionistas mantengan su poder adquisitivo frente a la inflación.
  • Se reduzca el riesgo de exclusión social mediante los cheques familiares y energéticos.

Estas acciones también podrían generar efectos indirectos positivos, como el aumento del consumo en sectores clave y la reducción de las desigualdades territoriales.

Críticas y desafíos

A pesar del apoyo de numerosos colectivos, el decreto también enfrenta críticas. Además de la oposición de PP y VOX, algunas organizaciones han expresado dudas sobre la eficacia de las medidas.

Por ejemplo, la ONG Oxfam Intermón ha advertido que «la pobreza infantil sigue siendo un problema estructural que no se resolverá solo con ayudas puntuales».

Por otro lado, el Gobierno deberá superar retos logísticos y administrativos para asegurar que las ayudas lleguen a tiempo y sin trabas burocráticas. La coordinación con comunidades autónomas y ayuntamientos será clave en este proceso.

Conclusiones

  1. El decreto aprobado por el Consejo de Ministros representa un esfuerzo significativo para proteger a los colectivos más vulnerables en un contexto de incertidumbre económica.
  2. Las veintinueve medidas incluyen avances en pensiones, transporte, vivienda y subsidios, beneficiando a millones de personas.
  3. La oposición de PP y VOX refleja la polarización política respecto a las políticas sociales.
  4. Organizaciones sociales y sindicatos han valorado el decreto, aunque insisten en la necesidad de garantizar su aplicación efectiva.
  5. El reto principal para el Gobierno será implementar las medidas de forma rápida y eficiente, coordinando esfuerzos con administraciones locales y autonómicas.

Con esta iniciativa, el Ejecutivo reafirma su compromiso con la equidad y el bienestar social, aunque el éxito dependerá de su capacidad para superar los desafíos operativos y políticos que se avecinan.

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