
El Consejo de Ministros ha dado luz verde este 10 de junio 2025 a un Plan de Actuación hasta 2028 para mejorar la empleabilidad de la población gitana, una iniciativa del Ministerio de Trabajo y Economía Social que movilizará 304 millones de euros y aspira a derribar las barreras que aún alejan a miles de ciudadanos gitanos del mercado laboral formal.
Se trata del primer programa estatal concebido expresamente para este colectivo y se fundamenta en el principio de igualdad y no discriminación por origen étnico proclamado por la Ley 3/2023 de Empleo.
El Ministerio subraya que la nueva hoja de ruta evitará la exclusión prolongada y acompañará la transformación productiva del país.
Catorce medidas concretas
El plan se articula en catorce actuaciones «diferenciadas y de especial atención» destinadas al colectivo más vulnerable ante el empleo. Entre las más destacadas figuran:
- Mejorar el acceso a los servicios públicos de empleo.
- Impulsar la formación con compromiso de contratación.
- Conectar a la juventud gitana con la Garantía Juvenil.
- Facilitar la movilidad laboral en zonas rurales segregadas.
- Reforzar las competencias digitales.
- Promover el autoempleo y el emprendimiento.
Dos ejes vertebradores
Todas estas medidas pivotan sobre la orientación laboral personalizada y la oferta garantizada de itinerarios formativos, asesoramiento y ayudas adaptadas. El acompañamiento será continuado y con perspectiva de género para combatir la penalización múltiple que sufren muchas mujeres gitanas.
Articulación con las políticas de empleo
Las acciones se integrarán en los Planes Anuales para el Fomento del Empleo Digno y se implementarán mediante la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo, regulada por el Real Decreto 438/2024.
Las oficinas autonómicas deberán diseñar itinerarios individualizados y reportar resultados semestrales.
Seguimiento y evaluación
Trabajo publicará en seis meses una orden que fijará el reparto territorial, los incentivos y el calendario de convocatorias. Habrá un examen intermedio en 2027 con indicadores como la tasa de inserción, la calidad contractual y la reducción de la brecha digital.
Contexto europeo
Bruselas sitúa a la población gitana como el grupo más discriminado de la UE en el acceso al empleo. España se alinea ahora con la Estrategia Europea 2020-2030, que exige elevar la ocupación y reducir la pobreza infantil gitana antes de 2030.
Orientación individual y digitalización inclusiva
El itinerario personalizado combinará diagnóstico de competencias, formación modular y seguimiento durante doce meses. El plan generaliza la modalidad híbrida, con plataformas de e-learning y mentorías presenciales en barrios segregados y zonas rurales.
Gobernanza y participación
Un consejo asesor con entidades gitanas, sindicatos y patronales emitirá informes trimestrales públicos. Las empresas que reciban ayudas deberán firmar un código de buenas prácticas antidiscriminatorias.
La Fundación Secretariado Gitano considera que el plan «marca un hito largamente esperado y abre la puerta a una coordinación real entre administraciones y tercer sector».
Los sindicatos CCOO y UGT aplauden la apuesta por la formación dual, mientras que las pymes piden incentivos que faciliten la contratación indefinida.
Un desafío de país
España alberga a más de 750 000 personas gitanas, de las que un 86 por ciento vive bajo el umbral de la pobreza y un 63 por ciento carece de estudios postobligatorios.
El nuevo plan no resolverá por sí solo la desigualdad histórica, pero establece un marco estable y dotado de recursos que, integrado con políticas de vivienda, salud y educación, puede convertirse en un «punto de inflexión» para la cohesión social.
Financiación y distribución de recursos
Los 304 millones procederán del Servicio Público de Empleo Estatal, el Fondo Social Europeo Plus y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
El Ministerio calcula que cada millón invertido generará decenas de empleos estables y reducirá la dependencia de prestaciones.
Una parte significativa del dinero reforzará la red de orientadores y modernizará las aulas tecnológicas de los servicios públicos de empleo.
Expectativas autonómicas
Las comunidades gestionarán la mayor parte de los fondos mediante convocatorias propias.
Andalucía y Extremadura ensayarán itinerarios intensivos; Cataluña priorizará la formación tecnológica, y Madrid combinará ayudas a la contratación con prácticas remuneradas en la economía social.
Ayuntamientos y diputaciones ayudarán a identificar participantes y a proporcionar espacios de formación.
Impacto esperado
Si las previsiones se cumplen, más de 60 000 personas podrían beneficiarse de los itinerarios personalizados antes de 2028, y al menos el 45 por ciento debería firmar un contrato de duración superior a seis meses.
El Gobierno confía en reducir la brecha de empleo con la población general en diez puntos porcentuales.
El plan será una prueba de fuego: su éxito dependerá de la cooperación institucional y de la implicación real del tejido empresarial y de la sociedad civil gitana.