El Gobierno aprobó el Real Decreto-ley de medidas urgentes para la ampliación de derechos de los pensionistas, lo que supone la reforma del sistema público de pensiones reforzando los ingresos y blindando el poder adquisitivo de los actuales y futuros pensionistas.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y los sindicatos UGT y CCOO alcanzaron previamente el acuerdo para culminar la reforma del sistema público de pensiones, de acuerdo con las recomendaciones del Pacto de Toledo de 2020 y está enmarcado en el Componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Entre los puntos acordados, se refuerzan los ingresos de la Seguridad Social, mediante el incremento de las bases máximas, se crea una cuota de solidaridad para la parte del salario que no cotiza por superar el tope máximo de cotización (será del 1 por ciento en 2025 e irá aumentando a un ritmo de 0,25 puntos por año hasta llegar al 6 por ciento en 2045) y se fortalece el mecanismo de Equidad Intergeneracional (pasa del 0,6 por ciento al 1,2 por ciento en 2029, a un ritmo de una décima de subida por año).
Además, para los próximos veinte años se establece un régimen dual del periodo de cómputo. Los trabajadores que se jubilen podrán optar por computar los 29 años de carrera descartando sus dos años con peor cotización, o seguir con los 25 últimos años, como en la actualidad. La primera posibilidad se desplegará progresivamente durante 12 años a partir de 2026.
También se reduce la brecha de género en pensiones, mejorando el tratamiento de las lagunas de cotización para las mujeres. Por un lado, el complemento de brecha se subirá en los dos próximos ejercicios (2024 y 2025) un 10 por ciento adicional al IPC. Por el otro, se mejora la cobertura de lagunas con enfoque especial para mujeres, de forma que se cubrirán hasta cinco años de vacío de cotización con el 100 por cien de la base mínima, frente a los cuatro actuales. El sexto y el séptimo año sin cotizar se cubrirá con un 80 por ciento de la base mínima, frente al 50 por ciento actual.
La norma incluye una senda de subidas de las pensiones más bajas, mínimas y no contributivas, inspirada en la evolución del salario mínimo. En el caso de las pensiones mínimas con cónyuge a cargo, la senda es hacia la convergencia con el 60 por ciento de la renta mediana de un hogar con dos adultos en 2027, mientras que las pensiones no contributivas convergerán en ese mismo año con el 75 por ciento del umbral de la pobreza de un hogar unipersonal.
Del mismo modo, se incluye en el sistema de Seguridad Social a los alumnos que realicen prácticas formativas y académicas incluidas en programas de formación. Se trata de las prácticas realizadas por alumnos universitarios, tanto las dirigidas a la obtención de titulaciones oficiales de grado, máster y doctorado, como las dirigidas a la obtención de un título propio de la universidad, ya sea un máster de formación permanente, un diploma de especialización o un diploma de experto.
También se incluyen las realizadas por alumnos de formación profesional, siempre que las mismas no se presten en el régimen de formación profesional intensiva. A las cuotas a la Seguridad Social por contingencias comunes se les aplicará una reducción del 95 por ciento.
La reforma prevé además un mecanismo semiautomático que garantiza la sostenibilidad del sistema a partir de los datos de los informes trianuales de envejecimiento de la Comisión Europea, con la participación de los agentes sociales y las Cortes, y que dota de nuevos ingresos al sistema en caso de que no haya consenso sobre las medidas a adoptar.
Por otra parte, el Gobierno ha acordado la remisión a las Cortes, por el procedimiento de urgencia, del proyecto de ley de Función Pública, una norma clave para reformar las administraciones y modernizar los servicios públicos.
