El Gobierno aprobó este 11 de julio un Real Decreto para la Oferta de Empleo Público (OEP) correspondiente al año 2023, que incluye el mayor número de plazas ofertadas para trabajar en la Administración del Estado (AGE).
En total, se ofertan casi cuarenta mil plazas, un 15,8 por ciento más que en la OEP de 2022, con las que se reforzarán las plantillas en distintos departamentos de la Administración General del Estado, la Administración de Justicia, el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas.
Además, en el ámbito de Trabajo y Economía Social, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto que desarrolla el mecanismo RED, un fondo para la flexibilización y estabilización del empleo en sectores o ciclos económicos concretos, que permite obtener exoneraciones a las empresas vinculadas a obligaciones formativas para la recualificación de las personas trabajadoras.
También a petición del Ministerio de Trabajo, se han aprobado cincuenta millones de euros para el Plan de Empleo de Andalucía y se ha dado el visto bueno a la retirada de condecoraciones al Mérito al Trabajo al dictador Francisco Franco y otros dirigentes de la dictadura.
Por otra parte, el Ejecutivo ha adoptado la Estrategia Nacional para la lucha contra el Sinhogarismo en España 2023-2030, un marco de actuación que busca abordar la situación que sufren casi treinta mil personas en España, y conseguir reducir en los próximos siete años un 95 por ciento el número de personas que se encuentran de forma involuntaria en la calle en todo el país.
Finalmente, el Consejo de Ministros dio el visto bueno a una inversión de setenta millones para apoyar a los Ayuntamientos en cuestiones relacionadas con la ciberseguridad; cuatrocientos millones de euros para el mantenimiento de carreteras en trece comunidades autónomas; más de cincuenta y tres millones para la ampliación de avances tecnológicos en la línea de alta velocidad Sevilla-Madrid; y a un Real Decreto para la creación del Registro Central de Titularidades Reales, que contribuirá al impulso de la candidatura de Madrid para albergar la sede de la Autoridad Europea para la Lucha contra el Blanqueo de Capitales.