El Consejo de Ministros aprobó este 24 de octubre una subvención de cincuenta millones de euros dirigida a la comunidad de Canarias para hacer frente a la atención de las personas migrantes llegadas de forma irregular a las islas, cuyas entradas han aumentado en las últimas semanas.
La subvención, cuyos fondos cubrirán hasta el 31 de diciembre de 2024, se concretará en la firma de un convenio con el Gobierno de las Islas Canarias para canalizarla hacia tres objetivos fundamentales: la atención a los menores nacionales de terceros países acogidos en centros que gestiona la comunidad; en segundo se destinarán a la mejora de las posibilidades de inserción sociolaboral de personas ex tuteladas y en tercer lugar, la realización de actuaciones en el país de origen para prevenir esa migración irregular.
El Gobierno ha ampliado el contrato con la empresa pública Tragsa hasta 24 de abril de 2024 para cubrir los servicios especiales en la mejora de la atención a las llegadas de migrantes llegados de Canarias, con un desembolso de catorce millones y medio de euros.
Ley antidopaje
También aprobó el reglamento de desarrollo de la ley orgánica de lucha contra el dopaje en el deporte para dotarla de mayor eficacia, eficiencia y seguridad.
El Ejecutivo, al estar en funciones, ha sometido el acuerdo a las observaciones del Consejo de Estado, que ha apreciado que existen razones de interés general, derivadas de compromisos internacionales, que permiten adoptar esa decisión.
El reglamento actualiza el marco jurídico de la lucha contra el dopaje para adecuarlo a los avances científicos, tecnológicos y metodológicos.
Entre las principales novedades de la norma, se regula los equipos de recogida de muestras y establece con mayor detalle la habilitación de las personas que van a conformarlos.
En segundo lugar, incluye disposiciones relativas al ‘pasaporte biológico’ que complementan su regulación como un método de prueba válido ante la comisión de infracciones de la normativa antidopaje a nivel mundial.
Por último, el texto impulsa los programas de educación y de concienciación social para prevenir este tipo de conductas prohibidas en el ámbito deportivo.
En el ámbito de la mejora de la digitalización de las administraciones públicas, el Ejecutivo ha autorizado a la Jefatura Central de Tráfico la contratación del sistema para el tratamiento en movilidad de accidentes, denuncias y gestión de la información general de tráfico (Tramo).
El contrato, por un valor de poco más de doce millones de euros, permitirá la continuidad y la mejora, por un plazo de dos años, de este sistema que ha supuesto un «gran avance tecnológico» en la consulta de los datos de los conductores y los vehículos, la formulación de denuncias por parte de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y la recopilación y gestión de la información relativa a los accidentes.
En el capítulo de infraestructuras, el Consejo de Ministros ha destinado más de tres millones de euros a la ejecución de las obras del proyecto constructivo del nuevo edificio de viajeros de la estación de ferrocarril de Santiago de Compostela.
Galicia suma inversiones por más de mil millones de euros desde junio de 2018 hasta septiembre de este año 2023.
