Con 590 votos a favor, quince en contra y quince abstenciones, el Parlamento Europeo aprobó este martes 21 de noviembre 2023 un mandato negociador sobre un nuevo «derecho a la reparación» para los consumidores.

La propuesta pretende fomentar un consumo más sostenible, para lo que se facilitará la reparación de bienes defectuosos, se reducirán los residuos y se apoyará al sector de la reparación.

Reparar en lugar de comprar

Dentro del período de garantía legal, los vendedores estarían obligados a dar prioridad a la reparación si resulta más barata o de igual coste que la sustitución de un artículo, a menos que la reparación no sea factible o conveniente para el consumidor.

La Eurocámara también propone ampliar un año la garantía legal una vez reparado el producto.

Los consumidores tendrán derecho a pedir que se les reparen bienes como lavadoras, aspiradoras, teléfonos inteligentes y bicicletas una vez haya expirado la garantía.

Para que los consumidores se decanten por esta opción, la Eurocámara aboga por que los fabricantes ofrezcan dispositivos de sustitución en préstamo durante el tiempo que dure la reparación. Si no fuera posible reparar un producto, se podría ofrecer a cambio uno reacondicionado.

Incentivos para la reparación

A menudo los consumidores son disuadidos de reparar un artículo por el coste elevado, la dificultad de acceder a los servicios de reparación o las características de diseño que lo impiden. Según la posición del Parlamento, los usuarios finales, restauradores y reparadores independientes tendrían acceso a todas las piezas de recambio, información sobre reparaciones y herramientas a un coste razonable.

Se crearán plataformas en línea en todos los Estados miembros para ayudar a los consumidores a encontrar servicios locales de reparación —incluidas las cafeterías de reparación— y vendedores de productos reacondicionados en su zona.

Para que las reparaciones sean más asequibles y atractivas, la Eurocámara propone ofrecer a los consumidores bonos y otros incentivos económicos a través de fondos nacionales de reparación.

Declaración del ponente

René Repasi (S&D, Alemania) declaró en defensa de la propuesta que «El PE apoya de manera sólida el derecho de los consumidores a la reparación. Por fin podemos decir que estamos respondiendo a una demanda ciudadana. La gente quiere alargar la vida útil de sus dispositivos, pero a menudo es demasiado caro o difícil. Hemos adoptado una serie de medidas para animar a los consumidores a elegir la reparación en lugar de la sustitución del producto defectuoso, con énfasis en apoyar a los reparadores independientes e incluir incentivos financieros. Esperamos que el Consejo fije su posición pronto, para poder empezar las negociaciones para transformar estas medidas en legislación y allanar el camino para una verdadera economía circular en Europa».

Próximos pasos

Una vez que el Consejo adopte su propia posición negociadora el miércoles 22, las conversaciones con el Parlamento podrán iniciarse en una primera reunión prevista para el 7 de diciembre.

Antecedentes

Tirar los bienes de consumo reparables tiene un gran impacto ambiental: cada año se generan en la Unión 261 millones de toneladas de emisiones equivalentes de CO2, 30 millones de toneladas de recursos y 35 millones de toneladas de residuos.

Las pérdidas de los consumidores que optan por sustituir un artículo en lugar de repararlo asciende a unos doce mil millones de euros al año. Según un estudio de la Comisión Europea, el 77 por ciento de los ciudadanos de la UE preferiría reparar un producto a comprar otro nuevo.

La propuesta sobre el derecho a la reparación complementa las iniciativas europeas en materia de ecodiseño y capacitación de los consumidores para la transición verde.

Esta legislación responde a las recomendaciones ciudadanas recogidas en el informe final de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, en concreto las propuestas sobre la promoción del derecho a la reparación, la sostenibilidad a largo plazo de los productos, la información sobre reparaciones, las medidas para hacer frente a la obsolescencia prematura y programada, la extensión de la garantía legal, el acceso a las partes y componentes, los incentivos al uso de productos durante más tiempo y, en general, los avances hacia una economía circular.

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