La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo anallizará esta semana nueve denuncias españolas sobre inteligencia artificial, pornografía infantil, feminicidio, crisis migratoria en Canarias, discriminación en la edad de jubilación de la tripulación de vuelo o el apoyo al comercio minorista de calle.
La primera petición expresa la preocupación de Lorena Portales Rodríguez respecto a la Inteligencia Artificial (IA) en relación con la pornografía infantil. Con ella, se pueden sustituir caras y cuerpos y crear nuevas imágenes, lo que podría suponer una mayor distribución pornográfica infantil. Esto no constituiría delito, según la peticionaria, ya que son imágenes que no existen. Considera que se deberían tomar medidas para prohibir la creación de imágenes o vídeos de carácter pornográfico.
La segunda petición afirma que, desde el lanzamiento de ChatGPT en 2022, la IA generativa podría usarse para crear imágenes falsas que parezcan realistas, como en el caso de Almendralejo (España), donde varias menores vieron vulneradas su seguridad e intimidad con imágenes creadas con IA. Por ello, urge a que la Unión Europea establezca límites a su uso para evitar su abuso y proteger la intimidad y dignidad de las personas.
La tercera petición destaca la gravedad del feminicidio y la ambigüedad en su definición y prevención. Para abordar este tema, la Plataforma Unitaria contra las Violencias de Género y la Universidad de Girona hicieron un estudio que analiza acciones de la sociedad civil para prevenir la violencia contra las mujeres. La peticionaria solicita que la UE defina el concepto de feminicidio en su marco legal y que se mejore el registro de estos casos.
La cuarta petición afirma que existe discriminación en cuanto a edad de jubilación entre los tripulantes de cabina de las aerolíneas. El peticionario argumenta que el personal de vuelo está excluido de las reducciones en la edad mínima de jubilación en trabajos peligrosos, lo que considera discriminación, especialmente para las mujeres, ya que su proporción en esta profesión es desigual.
La quinta petición expresa la preocupación de Agustin Villalba Carmona por la progresiva desaparición del comercio ambulante en Andalucía. El peticionario cuenta que es importante ya que abastece a pequeños municipios rurales y contribuye a mantener la población vinculada a su territorio. El comercio ambulante y su mercado semanal ofrecen a la población la oportunidad de relacionarse en los pequeños municipios (774 municipios de Andalucía) y dinamiza la economía.
La sexta petición, en nombre del Comité Intercentros CRTVG, asegura que hay una supuesta infracción de la directiva de servicios de comunicación audiovisual en España. El peticionario acusa a la Xunta de Galicia de manipulación informativa en la CRTVG, argumentando que incumple la obligación de objetividad y pluralismo informativo.
La séptima petición de Ana Isabel Martínez Martínez denuncia el trato que reciben los hijos de refugiados en la UE. La peticionaria expresa su preocupación por la posible violación de los derechos humanos que puede suponer el nuevo Pacto sobre Migración y asilo. Afirma que con el actual borrador los niños y niñas de hasta 6 años que lleguen a la UE pueden ser privados de libertad y tratados como si fueran delincuentes, ya que se les tomarán las huellas dactilares y se les someterá a un reconocimiento facial.
La octava petición de Emma Martín Díaz expresa preocupación por la posible violación de los derechos de los solicitantes de asilo. La peticionaria considera que es necesario definir mejor las razones para denegar el asilo por motivos ajenos a la persona, como el país de origen o la identificación de menores. Además, recuerda que la UE debe respetar la Convención de Ginebra y los derechos de los menores, como se ha hecho en el caso de Ucrania.
La novena petición afirma que las islas Canarias, por su posición fronteriza con África, es una de las regiones más afectadas por la crisis migratoria, la cual define como grave. Por ello, Javier Sanmartin Miramontes pide el apoyo y la estrecha cooperación de la UE con España, para garantizar un control eficaz de las fronteras desde una perspectiva nacional, así como a nivel de la UE. También para que el sistema de asilo español sea justo y eficaz, estableciendo las condiciones de acogida adecuadas en cumplimiento de los derechos fundamentales.
