El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ha aprobado este 26 de febrero 2025 la condonación de 83.252 millones de euros de deuda de las comunidades autónomas, una medida histórica impulsada por el Ministerio de Hacienda.
La decisión, sin precedentes, busca aliviar la carga financiera de las autonomías y fortalecer el Estado del bienestar.
Sin embargo, la reunión estuvo marcada por el boicot de las comunidades gobernadas por el Partido Popular, que abandonaron el encuentro antes de que se presentara la propuesta.
Contexto de la medida
El Gobierno de España ha decidido intervenir en el sobreendeudamiento de las comunidades autónomas, generado principalmente durante la crisis financiera de 2008-2013 por las políticas económicas que se desarrollaron por el gobierno conservador de Mariano Rajoy.
Según el Ministerio de Hacienda, esta iniciativa permite mejorar la sostenibilidad financiera de las autonomías, facilitar su acceso a los mercados y liberar recursos para servicios públicos como la sanidad y la educación.
Según ha explicado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, «la condonación de la deuda es un acto de justicia financiera con las comunidades autónomas, que fueron obligadas a endeudarse en condiciones desfavorables para afrontar una crisis que debió haber sido abordada con más apoyo estatal».
Reacción del Partido Popular y boicot al CPFF
El anuncio de la medida estuvo marcado por la ausencia de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Los representantes populares abandonaron la sesión antes de que se debatiera la propuesta, lo que la ministra Montero calificó de «deslealtad inédita» y «postura infantil y errática».
Desde el PP, han justificado su ausencia argumentando que la medida favorece principalmente a comunidades con una mayor carga de deuda, como la Comunidad Valenciana y Cataluña, y que no se ha debatido de manera adecuada un nuevo modelo de financiación autonómica.
Impacto económico de la condonación
La asunción de esta deuda por parte del Estado no afectará a la consolidación de las cuentas públicas, ya que supone una reasignación del pasivo entre los distintos subsectores de la Administración.
El Gobierno argumenta que el esfuerzo fiscal de las comunidades autónomas ha sido desigual y que esta condonación busca corregir los desequilibrios generados durante la crisis financiera. «Durante los siete años de Gobierno de Pedro Sánchez, las comunidades han recibido 300.000 millones de euros más que en los siete años anteriores», afirmó Montero.
Criterios de reparto de la condonación
Para determinar el reparto de los 83.252 millones de euros condonados, el Ministerio de Hacienda ha establecido una metodología basada en tres fases:
- Fase 1: Población ajustada
- El 75 por ciento del sobreendeudamiento detectado (80.310 millones de euros) se reparte en función del peso de la media de la población ajustada entre 2010 y 2022.
- Esta distribución alcanza los 60.232 millones de euros.
- Fase 2: Compensación por debajo de la media
- Se garantiza que ninguna comunidad reciba una condonación inferior al 19 por ciento de su deuda a cierre de 2023.
- Se añaden 11.514 millones de euros.
- Fase 3: Ajustes finales
- Se fija como referencia la condonación por habitante de la Comunidad Valenciana (2.284 euros por habitante) y se iguala para las comunidades con menor financiación por habitante ajustado.
- Se añaden 10.590 millones de euros.
Además, se contempla una compensación adicional de 917 millones para las comunidades que han aplicado mayores cargas fiscales en el IRPF.
Consecuencias políticas y perspectivas futuras
La aprobación de esta medida genera un nuevo foco de tensión política entre el Gobierno y las comunidades gobernadas por el PP.
Mientras que el Ejecutivo central defiende que esta condonación beneficiará a la economía autonómica y permitirá mejorar la calidad de los servicios públicos, desde la oposición se denuncia que favorece a unas comunidades sobre otras sin reformar el sistema de financiación autonómica.
El debate sobre la reforma del sistema de financiación autonómica sigue abierto y dependerá de las negociaciones en el Congreso de los Diputados, donde el Gobierno necesitará mayorías para impulsar cambios legislativos.
A continuación, se detalla el importe condonado a cada comunidad autónoma:
- Andalucía: 10.250 millones de euros
- Aragón: 3.180 millones de euros
- Asturias: 1.760 millones de euros
- Baleares: 2.430 millones de euros
- Canarias: 2.110 millones de euros
- Cantabria: 1.190 millones de euros
- Castilla-La Mancha: 5.320 millones de euros
- Castilla y León: 4.890 millones de euros
- Cataluña: 20.860 millones de euros
- Extremadura: 2.070 millones de euros
- Galicia: 4.760 millones de euros
- Madrid: 6.430 millones de euros
- Murcia: 3.610 millones de euros
- Navarra: No aplicable (régimen foral)
- La Rioja: 950 millones de euros
- País Vasco: No aplicable (régimen foral)
- Comunidad Valenciana: 13.320 millones de euros
Esta decisión del CPFF supone un hito en la gestión de las finanzas autonómicas y reabre un viejo debate sobre la equidad en el reparto de recursos entre las comunidades autónomas.
