El embargo estadounidense ha marcado durante seis décadas a cubanas y cubanos como Marta, Brenda y Daniel, quienes desearían ver sepultadas las discordias entre ambos gobiernos y que las sanciones fueran un obstáculo menos para la calidad de vida de los ciudadanos y el desarrollo nacional, informa Luis Brizuela (IPS) desde La Habana.
«El bloqueo lo sientes cuando no encuentras las medicinas en la farmacia, porque no llegaron a tiempo las materias primas, o cuando estás ingresada y no te pueden poner un medicamento porque la patente es estadounidense y no se puede comprar», ilustró al dialogar con IPS la maestra jubilada Marta Ramos, residente en La Habana.
Brenda Machado, estudiante de arquitectura, también residente en esta capital, dijo a IPS que soluciones informáticas y plataformas como Zoom no están disponibles aquí por disposiciones del embargo, «lo cual entorpece el acceso a aplicaciones o participar en encuentros virtuales internacionales».
En un diálogo por Whatsapp con IPS, el arrendador de vivienda Daniel Rosales explicó desde la oriental ciudad de Holguín que podría tener mejores ingresos «si aumentara el flujo de turistas, incluidos los estadounidenses, que hoy no pueden vacacionar en la isla porque la ley de su país lo prohíbe, pese a la cercanía geográfica».
Como cada año, desde 1992, el gobierno de la isla presentó ante la 77 Asamblea General de las Naciones Unidas el proyecto de resolución «Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra Cuba».
Sin carácter vinculante, esa moción de rechazo al embargo fue aprobada en forma abrumadora este jueves 3 de octubre 2022 por 185 votos a favor, dos en contra (Estados Unidos e Israel) y las abstenciones de Brasil y Ucrania.
El informe que durante treinta ocasiones ha recibido el respaldo mayoritario de la comunidad internacional refiere que solo de agosto de 2021 a febrero de 2022 las prohibiciones y sanciones estadounidenses causaron a Cuba pérdidas por 3806 millones de dólares.
Implementado por Washington en febrero de 1962, bajo el bloqueo, como se le nombra internamente, ha nacido más de ochenta por ciento de la población de esta nación insular caribeña, según datos oficiales.
Las sanciones obstaculizan el acceso a créditos internacionales y las operaciones comerciales con bancos y empresas internacionales, lo cual frena el desarrollo nacional, así como el logro de la Agenda 2030 de la ONU y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), entre otras consecuencias negativas, argumentan autoridades.
El gobierno sostiene que Washington utiliza las carencias derivadas del embargo para inducir un estallido social y un cambio del sistema político.
La votación ocurrió poco más de un mes después de que el huracán Ian asoló a Pinar del Río, la más occidental de las quince provincias cubanas, con un saldo de tres fallecidos, más de cien mil viviendas dañadas total o parcialmente, así como cuantiosos daños en la agricultura, servicios eléctricos y de telecomunicaciones.
Washington anunció el 18 de octubre que mediante la Agencia para el Desarrollo Internacional (Usaid) proporcionaría dos millones de dólares como ayuda humanitaria de emergencia para las comunidades afectadas, gesto agradecido por el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez.
El miércoles 2, un grupo de dieciocho exmandatarios latinoamericanos y caribeños como la brasileña Dilma Rousseff (2011-2016), los colombianos Ernesto Samper (1994-1998) y Juan Manuel Santos (2010-2018) y el uruguayo José Mujica (2010-2015), entre otros, enviaron una carta al presidente estadounidense Joe Biden.
En ella, solicitan que Estados Unidos levante el embargo como un gesto humanitario, debido a «la delicada situación que hoy atraviesa el pueblo cubano», agravada por Ian: «le rogamos, señor presidente, tener en cuenta esta difícil situación que viven miles de cubanos y disponga lo que sea necesario para levantar estas restricciones que golpean a los más vulnerables», subraya la misiva.
Contexto desfavorable
La petición se produce en momentos de una profundización de la crisis económica cubana, agudizada por decenas de medidas y sanciones adoptadas por la administración del expresidente Donald Trump (2017-2021).
A ello se suman las consecuencias económicas y sociales de la pandemia de covid, junto con dilaciones y errores en la implementación de las reformas aprobadas en 2011 para modernizar la centralizada economía del país insular.
Con las principales fuentes de ingresos menguadas y deudas por pagar a los acreedores internacionales, el gobierno cubano tiene entre otros retos dominar la creciente inflación, revertir el desabastecimiento de alimentos y medicinas y solucionar la crisis del sistema eléctrico que aumentan la situación de vulnerabilidad de numerosas familias.
Si bien desde 2001 una política de exenciones permite a Cuba comprar a su vecino del Norte alimentos y productos agrícolas, fundamentalmente carne de pollo, trigo y soja, las adquisiciones deben efectuarse por adelantado y en efectivo.
Biden reautorizó en mayo los vuelos regulares y chárter a varias de las quince provincias cubanas, limitados a La Habana en 2020, entre un grupo de anuncios que el gobierno cubano considera «positivos, en la dimensión correcta, pero extremadamente limitados, y prácticamente inaplicables».
«Lo que ha hecho la administración Biden hasta ahora es dar una serie de pasos básicamente cosméticos sin modificar en lo sustancial la política de Trump que incrementó el bloqueo con decenas de nuevas sanciones», explicó a IPS el politólogo Carlos Alzugaray.
Casi al término de su mandato, en enero de 2021, Trump «regresó ilegítimamente a Cuba a la ‘lista de estados patrocinadores del terrorismo´; autorizó la aplicación del título tres de la Ley Helms Burton de 1996 que codificó el bloqueo; y cerró los servicios consulares de la embajada en La Habana, con lo que de hecho abandonó los acuerdos migratorios», recordó el exdiplomático.
Tensión migratoria
En agosto se reanudó el programa de Parole de Reunificación Familiar Cubana (CFRP) y al mes siguiente, la embajada estadounidense en La Habana anunció que a principios de 2023 restablecerá todos los servicios de visado de inmigrantes, detenidos en 2017 tras los aún sin esclarecer incidentes de salud reportados por diplomáticos estadounidenses.
Hasta ahora los cubanos deben solicitar visado en la embajada estadounidense en Georgetown, Guyana, un proceso que dilata y encarece las gestiones.
Mediante los acuerdos migratorios de 1995, Washington se comprometió con La Habana a otorgar un mínimo de veinte mil visas anuales para facilitar el flujo migratorio hacia aquella nación donde viven más de 1,3 millones de cubanoamericanos, de acuerdo con el más reciente Censo.
Según la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado en el año fiscal 2022 –del 1 de octubre de 2021 al 30 de septiembre de 2022- se otorgaron casi veinticuatro mil visados, en su mayoría en Guyana.
Durante ese año fiscal y en medio del deterioro de la situación económica interna 224.607 ciudadanos cubanos cruzaron de forma irregular hacia Estados Unidos, principalmente por la frontera con México, corrobora la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de ese país.
El éxodo equivale a dos por ciento de los 11,1 millones de residentes en la isla; y supera en su conjunto el de 1980 por el puerto de Mariel (125.000 personas), y el de la conocida como crisis de los balseros de 1994 (unos 35.000).
Durante el propio periodo fueron devueltos a la isla por el Servicio de Guardacostas un total de 6182 migrantes que intentaron llegar por vía marítima, cifra superior a la suma de los contabilizados en el último quinquenio y mayor que las 5396 devoluciones registradas en 2016, muestran las estadísticas.
Las autoridades cubanas responsabilizan de tales hechos al gobierno de Estados Unidos «que tolera y estimula las salidas ilegales desde Cuba al permitir la permanencia en su territorio de migrantes irregulares», así como a la Ley de Ajuste Cubano.
Esta legislación, vigente desde 1966, permite a los cubanos ser elegibles para obtener la residencia permanente tras un año y un día en territorio estadounidense.
Acercamiento poco probable
De momento no parece abonado el terreno para un acercamiento, similar al ocurrido de fines de 2014 a 2017 y que condujo al restablecimiento de relaciones diplomáticas, interrumpidas durante 53 años.
Desde 1996, el conjunto de sanciones contra la isla quedó compilado y adoptó su proyección internacional mediante la Ley de la Libertad Cubana y Solidaridad Democrática, conocida como Helms-Burton, y que deposita en el bicameral Congreso estadounidense la posibilidad de levantar el embargo.
De los cubanoamericanos radicados en el sur de la Florida, 63 por ciento respalda mantener el embargo, mostró en octubre una encuesta del Instituto de Investigación Cubana de la Universidad Internacional de Florida.
En contraste, una mayoría de esa propia comunidad respalda la venta de alimentos (64 por ciento) y medicinas (72 por ciento), al igual que la reanudación de los vuelos comerciales a las provincias cubanas (71 por ciento).
A juicio de Alzugaray, las posibilidades de un acercamiento «se harían más remotas» si el Partido Republicano retoma el control de ambas cámaras legislativas del Congreso, tras las elecciones de medio término, el martes 8 de noviembre, porque en ese partido «anidan las posiciones más hostiles al gobierno cubano; los partidarios más furibundos de las medidas coercitivas».
