El defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, ha hecho público un informe en el que reprocha a varios ayuntamientos de más de 50.000 habitantes, entre ellos al Ayuntamiento de Majadahonda, el que todavía no hayan implantado en sus municipios las zonas de bajas emisiones (ZBE).
La Ley de Cambio Climático y Transición Energética establecía como fecha tope para hacerlo el 1 de enero de 2023 y solamente han cumplido con la ley poco más de una veintena de las 151 ciudades que tienen más de 50.000 habitantes.
El Defensor del Pueblo considera que son «injustificados» los argumentos que aducen los ayuntamientos implicados para el incumplimiento de la Ley y les insta a aplicarla lo más rápidamente posible con el objetivo de frenar el cambio climático y proteger la salud de los ciudadanos.
La Plataforma en Defensa de la Educación Pública de Majadonda indica que el Ayuntamiento ha presentado recientemente una ordenanza municipal para instaurar zonas de bajas emisiones (ZBE), pero apenas cumple con los objetivos del Real Decreto 10/2022 que regula dichas zonas: mejorar la calidad del aire, luchar contra el cambio climático, mejorar también la salud de la ciudadanía fomentando la movilidad activa, disminuir el ruido del medio ambiente, mejorar la seguridad vial.
Según la citada ordenanza el plazo para culminar la implantación de zonas de bajas emisiones en Majadahonda se extendería hasta el año 2028, tardanza inasumible sobre todo si tenemos en cuenta que el Ayuntamiento lo debería haber hecho antes del 1 de enero de 2023.
Además, añade la Plataforma, son tan escasas las restricciones a los vehículos de todo tipo que podrán circular por esas zonas que resulta imposible alcanzar de esa manera los objetivos que marca la ley..
La Plataforma ha presentado dos alegaciones a dicha ordenanza.
Una para ampliar el perímetro de las zonas ZBE de modo que se disminuya la contaminación y el tráfico en una zona más amplia del casco urbano.
Y por otra parte propone que a las zonas de bajas emisiones deben añadirse también zonas de especial sensibilidad (ZES), destinadas según el Real Decreto a proteger a los sectores más vulnerables de la población con medidas más exigentes y que se establecerán en los entornos escolares, sanitarios, hospitalarios y residencias de ancianos.
De hecho, en la zona de bajas emisiones propuesta por el Ayuntamiento no hay ninguna escuela infantil, ningún colegio, ningún centro de salud, ningún hospital, ninguna residencia ni ningún centro de mayores, con lo que quedaría desprotegida precisamente la población más vulnerable.
Hace varios años que desde la Plataforma se reclama al Ayuntamiento unos entornos escolares seguros y saludables, una reivindicación que comparte plenamente la comunidad educativa, que día tras día presencia atascos y aglomeraciones de coches junto a los colegios, con el riesgo de que se produzcan accidentes y con la contaminación atmosférica y acústica que se produce alrededor de las instalaciones.
En el año 2023 la Plataforma ya recurrió al Defensor del Pueblo ante la inacción del Ayuntamiento, y ahora valoran su intervención, que supone una llamada de atención al Consistorio por su injustificable demora en el cumplimiento de la ley y una exigencia para que se establezcan en el menor tiempo posible zonas de bajas emisiones (ZBE) y zonas de especial sensibilidad (ZES) en el municipio.
