El defensor del pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, considera que para que este curso escolar sea seguro, es necesaria la colaboración de toda la comunidad educativa y ha reclamado a todas las administraciones con competencias en educación que proporcionen «el apoyo y el respaldo necesario» a los centros docentes para evitar que esta crisis sanitaria tenga un impacto negativo en la educación.
Además, ha pedido un nuevo esfuerzo a los profesionales de la educación, alumnos, alumnas y familias para afrontar este nuevo curso escolar que “inevitablemente” sigue marcado por la pandemia.
Apuesta por la presencialidad
El Defensor considera imprescindible que se garantice la presencialidad durante toda la jornada lectiva. A su juicio, la educación no presencial ha generado brechas de desigualdad a nivel educativo y social que tienen una clara correspondencia con el nivel socioeconómico y cultural de las familias.
Por este motivo, pide a las administraciones que aporten todos los recursos materiales y personales extraordinarios que sean necesarios para conjugar la seguridad del alumnado y el personal del centro con el «deseado» regreso a las aulas durante toda la jornada lectiva.
Algunas familias se han dirigido al Defensor planteándole la necesidad de incrementar las medidas de seguridad y prevención frente a la COVID-19 en las aulas. La Institución comparte las recomendaciones hechas por los expertos de utilizar filtros o purificadores de aire cuando no sea posible conseguir una adecuada ventilación y equipos medidores de CO2 cuando existan dudas sobre la eficacia de la ventilación o en situaciones climatológicas adversas para garantizar la máxima salubridad y calidad del aire en los centros.
Alumnado que no puede acudir a clase
Al Defensor le preocupa especialmente el impacto que la suspensión de la actividad docente ocasiona en el alumnado que, por diversas circunstancias, no puede asistir a clases presenciales. En este sentido, ya desde el curso pasado, hace un seguimiento de la atención educativa que están recibiendo estos alumnos y alumnas en todo el territorio nacional.
En la actualidad, todas las administraciones educativas han establecido los criterios a seguir ante las situaciones de absentismo escolar derivadas de la crisis sanitaria. No obstante, dada la amplia casuística existente, Fernández Marugán considera necesario recordar a las autoridades educativas que, siguiendo los criterios fijados por la Unidad de Menores de la Fiscalía General del Estado, deben ponderar individualmente la situación concreta de los alumnos afectados y sus familias, tomando en consideración los riesgos sanitarios en el ámbito escolar y familiar y primando siempre el interés del menor y su derecho a la educación.
Así, la Institución considera que para atender de manera eficaz a estas alumnas y alumnos no se debe escatimar en recursos y profesionales de refuerzo ya que no todos están igual de familiarizados con el uso de las tecnologías y además, muchas familias no disponen de conexión a internet o de los dispositivos electrónicos necesarios para afrontar un proceso de aprendizaje por medios telemáticos.
Fernández Marugán es consciente de que en este curso escolar de nuevo va a ser necesario un extraordinario esfuerzo de todos los agentes implicados. Por ello, pide a las administraciones educativas información y sensibilización sobre las iniciativas educativas y las medidas sanitarias adoptadas en cada momento para paliar la preocupación de las familias sobre el desarrollo del curso.
