Greenpeace, Ecologistas en Acción y el Movimiento Ibérico Antinuclear valoran que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) haya denegado la autorización para construir una planta de fabricación de concentrados de uranio en Retortillo (Salamanca), por la escasa fiabilidad y las grandes incertidumbres de los análisis de seguridad de la instalación radiactiva en los aspectos geotécnicos e hidrogeológicos, así como las numerosas deficiencias a lo largo de la evaluación.
Esta decisión supone el fin del proyecto minero de la empresa Berkeley Minera España, SL (BME) en Salamanca y, con ello, el fin de la minería de uranio en España.
«El fin de la minería de uranio en España significa el fin de una industria que destruye el territorio, su cultura y su economía, que incrementa la contaminación radiactiva y que es insostenible en la transición ecológica que necesariamente debemos acelerar. Felicitamos especialmente al CSN por desechar el proyecto de una compañía como Berkeley cuyo negocio es mayoritariamente especulativo, que ha tratado de coaccionar al organismo regulador y que ha mostrado déficits técnicos sistemáticamente en su proyecto», ha declarado Raquel Montón en representación de Greenpeace.
El proyecto, que comenzó en 2013, incluía una mina de uranio de Retortillo-Santidad, una planta de concentrados de uranio y un almacén de residuos radiactivos. La planta de concentrados es una instalación radiactiva y está sujeta a varias autorizaciones que debe otorgar el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITERD), previo informe del CSN. Dichas autorizaciones son preceptivas en el caso de la selección del emplazamiento, la construcción de la planta, la entrada en funcionamiento de la misma, su desmantelamiento y clausura.
En este caso, el CSN ha emitido su informe desfavorable y preceptivo, respecto a la construcción de la planta, tras estar estudiándolo desde el 7 de septiembre de 2016 y haber requerido información y documentación adicional a Berkeley desde el 2017 hasta el 2020.
La sociedad civil, articulada a través de la Plataforma Stop Uranio que se constituyó en 2013, ha sido fundamental para visibilizar y reclamar la protección del medio ambiente y de las personas. Junto a ellas han estado organizaciones ecologistas como Greenpeace o Ecologistas en Acción para plantear demandas y propuestas como la que finalmente se incluyó en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética -en vigor desde el pasado 20 de mayo- que, en su artículo ocho, prohíbe expresamente las actividades de exploración o explotación de yacimientos minerales radiactivos como el uranio.
«Tras una década de movilizaciones vemos la luz al final del túnel, con una decisión fundamentada en criterios técnicos, cuando nos podíamos haber ahorrado sufrimiento y dos mil encinas centenarias si hubiera habido más determinación en defender el territorio ante proyectos dañinos para nuestra tierra», ha declarado Jose Ramón Berrueco, en representación del Movimiento Ibérico Antinuclear y la plataforma Stop Uranio.
«Desde un inicio las población de la zona y las organizaciones sociales señalamos la inviabilidad y peligrosidad de abrir una mina de uranio en Salamanca. Estos años hemos comprobado continuos errores y opacidades en la tramitación de este proyecto, una muestra clara de la irresponsabilidad que suponía su continuidad. Nos alegramos de empezar a ver el final de la pesadilla de la minería de uranio en nuestro país», ha concluido Cristina Rois en representación de Ecologistas en Acción.
