El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y Dependencia (CEDDD) ha lamentado profundamente la discriminación y los perjuicios para las familias respecto a las solicitudes del Salario Mínimo Vital (SMV) de las personas con discapacidad, que no han sido tenidas en cuenta a tal efecto.
Tal y como expuso el gobierno de la nación, el SMV, que fue aprobado por Real Decreto Ley 20/2020, de 29 de mayo, no ha sido sensible a la realidad concreta y particular de las familias y de las personas con discapacidad; uno de los grupos sociales más dañados por la exclusión y la pobreza derivada de la pandemia.
Esta normativa, alega el CEDDD, debería de ser mejorada mediante varias enmiendas de perfeccionamiento conforme al RDL 20/2020, dado que entran en el cálculo para el SMV las distintas prestaciones específicas a las personas con discapacidad y/o dependencia; lo que entienden desde la entidad, que es discriminatorio por distintos motivos.
Por un lado, las personas con discapacidad y sus respectivas familias, requieren de un mayor coste económico a la hora de rehabilitar su bienestar básico y, por ello, las prestaciones específicas que reciben son directamente aplicables a las necesidades de este colectivo vulnerable y con mayores necesidades que las personas sin esta condición. Por ello, y por tanto, las prestaciones, alegan, no deberían computar en el cálculo del SMV como medida de discriminación positiva orientada a la inclusión social de las personas con discapacidad y/o dependencia.
En ese sentido, las numerosas resoluciones de las distintas direcciones provinciales de la Seguridad Social, han denegado el SMV a las familias con hijos o familiares con discapacidad y/o dependencia, y aducen que la causa denegatoria es que superan el límite de ingresos.
En este sentido es vital que la percepción de la prestación del ingreso mínimo vital sea compatible totalmente con la percepción de la asignación económica por hijo o menor acogido a cargo con discapacidad; asimismo deben exceptuarse del cómputo de rentas las prestaciones, pensiones o ayudas públicas concedidas por razón de la concurrencia de una discapacidad o por hallarse en situación de dependencia así como también exceptuar el patrimonio protegido de las personas con discapacidad.
De igual forma, también creen conveniente añadir expresamente a las personas con discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento y usuarias de una prestación de servicio residencial, de carácter social, sanitario o sociosanitario, con carácter permanente y financiada con fondos públicos. También es recomendable actualizar el lenguaje y el tipo de titular del SMV a las personas que tengan establecidas judicialmente medidas de apoyo para la toma de decisiones a personas con discapacidad según lo dispuesto en la resolución judicial correspondiente.
Por último, el CEDDD refiere que se debería añadir a la cuantía mensual establecida según la normativa, un complemento de discapacidad en el supuesto de que una de las personas que forman parte de la unidad de convivencia presente una discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento oficialmente reconocido.
El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia permanecerá trabajando para que esta nueva prestación social tenga necesariamente una dimensión inclusiva con las personas con discapacidad mediante una serie de propuestas para solventar esta situación de desventaja económica, familiar y social de estas personas.
