La ONG Chain Reaction Research ha señalado a un cliente del Banco de Santander como responsable de quemar en agosto de 2021 una zona no autorizada de la Amazonia brasileña, donde la expansión de la frontera agrícola para el cultivo de soja y la cría de ganado sigue siendo el principal impulsor de los incendios y la deforestación.
Conocida esta denuncia, Greenpeace exige al Santander procesos rigurosos de Diligencia Debida que eviten su vinculación con la deforestación, porque tras más de dos años de contínuo diálogo con los responsables de la entidad bancaria sobre sus vínculos con el sector agropecuario en Brasil, se constata «el fracaso estrepitoso de la estrategia de esta entidad financiera en la lucha contra la deforestación».
Como revelan los datos oficiales hechos públicos por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales del Brasil (INPE) sobre los incendios forestales en lo que va de 2021, la deforestación en Brasil sigue siendo un problema muy grave.
«El Banco Santander sigue financiando la destrucción de la biodiversidad y agravando la crisis climática», ha declarado Miguel Ángel Soto, portavoz de Greenpeace España.
Agrega que «detrás de un discurso lleno de buenas intenciones continúa una política de apoyo financiero sin fisuras al sector agropecuario y a las empresas que siguen quemando la selva y expandiendo la frontera agrícola para plantar soja o ampliar los pastos para la ganadería».
En octubre de 2020 la filial de la entidad en Brasil, Santander Brasil, y la empresa agropecuaria brasileña SLC Agrícola, firmaron una operación de crédito verde, un préstamo diferenciado a las empresas que tienen un supuesto comportamiento sostenible. En palabras de los responsables de SLC Agrícola, el acuerdo con el Banco Santander suponía un reconocimiento a sus buenas prácticas en gestión ambiental y responsabilidad social.
Pero el SLC Agrícola es, según la organización Chain Reaction Research, el mayor productor de soja de Brasil y fue en 2020 la principal empresa deforestadora en el bioma del Cerrado. Una investigación conjunta de Unearthed, BIJ, The Guardian e ITV News publicada en noviembre de 2020 había señalado a la empresa SLC Agrícola por incendiar los bosques de el Cerrado para la producción de soja.
Más recientemente, Chain Reaction Research ha vuelto a exponer la responsabilidad de SLC Agrícola en los incendios en Amazonia, en esta ocasión analizando imágenes de satélite de la Fazenda Perdizes (Porto dos Gaúchos, Estado de Mato Grosso).
Según estas fuentes, el 24 de agosto de 2021 se detectaron incendios activos en la finca Fazenda Perdizes, propiedad de SLC Agrícola en asociación con otras empresas. Estos fuegos se encuentran en la parte de Fazenda Perdizes que es propiedad de SLC Agrícola.
Un análisis previo hecho por Aidenvironment, socio de Chain Reaction Research, a principios de la temporada de incendios de 2021, detectó otro foco en la propiedad de SLC Agrícola, Fazenda Palmeira.
El reciente incendio en Fazenda Perdizes muestra las continuas conexiones de la empresa con la quema y desmonte de tierras para su desarrollo y expansión. La Fazenda Perdizes contenía 5840 ha de reserva legal, área que según el Código Forestal de Brasil debe permanecer intacta y cubierta de vegetación autóctona, no estando permitido un cambio de uso de la tierra.
Pero según el análisis de las imágenes de satélite de Chain Reaction Research, los incendios activos detectados el 24 de agosto se estaban produciendo dentro de esta área de reserva legal.
Soto señala que «el Santander otorga un crédito verde a SLC Agrícola en 2020 y esta empresa quema una reserva legal en agosto de 2021. Esto en la Unión Europea sería inaceptable, pero el Santander trabaja con dobles estándares y sin procesos de diligencia debida».
El Banco Santander es el principal banco internacional que está detrás de la quema y deforestación de los bosques en Brasil. Según un informe reciente, es una de las entidades financieras que sostienen a las tres grandes productoras de carne de Brasil: JBS, Marfrig y Minerva con inversiones estimadas en 1600 millones de dólares.
De manera especial, los vínculos del Banco Santander con JBS son claves a la hora de abordar la lucha contra la destrucción ambiental en Brasil. JBS es la segunda empresa alimentaria del mundo y la mayor en proteínas animales, con unidades de producción y oficinas en gran parte del mundo (Brasil, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia y China); y todo tipo de productos cárnicos (aves, cerdo, vacuno y cordero).
Hace ya algunas décadas, JBS se había comprometido a limpiar su cadena de suministro de deforestación para 2011. Más tarde, junto con el resto del sector de las materias primas internacional, trasladaron el objetivo a 2020. Ahora JBS ha aplazado nuevamente su compromiso para el año 2025 en Brasil, pero sólo en lo referente a la deforestación «ilegal». Y aplaza también para 2035 limpiar la deforestación en toda la cadena global de suministro.
«En lugar de poner en práctica una correcta y rigurosa Diligencia Debida, el Santander pretende seguir financiando la deforestación hasta 2025 o 2030», ha recordado Soto.
Para este portavoz de Greenpeace «el sector de la ganadería industrial es incompatible con un escenario de 1,5 grados centígrados, por lo que el Santander debería retirarse del agronegocio en Brasil, empezando por los principales emisores como JBS, y dirigir sus esfuerzos en sistemas de producción de alimentos que no impulsen la deforestación, el cambio climático y el riesgo de pandemia en el futuro».
