El anuncio de que la gestión de la piscina de verano de El Carrascal será privada durante los próximos tres años es un paso más en la política de privatizaciones del Ayuntamiento de Leganés con un equipo de gobierno compuesto por una coalición PSOE-Ciudadanos con el apoyo externo de los dos concejales enfrentados del fracturado Leganemos.
El equipo de gobierno justifica la medida en la ausencia de medios personales y materiales para atender las medidas de mantenimiento necesarias en el recinto. Algo que no es de extrañar porque en los años de mandato del actual alcalde Santiago Llorente la plantilla del Ayuntamiento ha disminuido en alrededor de setecientas personas.
Para Unión por Leganés (ULEG), el grupo más numeroso de la oposición, se trata de una medida «irresponsable». Para el grupo de Podemos la medida supone un deterioro del servicio.
En cualquier caso se trata de una medida más en la carrera de privatizaciones emprendida por el gobierno de Santiago Llorente, que se ha ido deshaciendo de muchos de los servicios que prestaba a los ciudadanos.
Empezó hace varios años con el traspaso del servicio de bomberos a la comunidad autónoma y ha llegado ahora a la piscina mientras se anuncia para muy pronto la del laboratorio municipal.
Contra esta sucesión de privatizaciones a la que hay que añadir un nivel de ausencia de gestión, que ha dejado sin personal suficiente a las escuelas infantiles municipales e incluso a la policía municipal, se manifiestan mañana (20 de febrero 2022) los vecinos convocados por todas las asociaciones vecinales y numerosos grupos sociales.
Es la segunda vez que salen a protestar a la calle desde el pasado mes de diciembre ya que afirman no haber detectado ninguna intención de cambio en la política del alcalde.
«La ciudadanía viene padeciendo un deterioro de los servicios públicos municipales que se plasman en dos ejes de la política del actual alcalde: el aumento de las privatizaciones y el deterioro de los servicios públicos municipales que se les presta a la ciudadanía. A lo que habría que añadir el desinterés por resolver los problemas y mejorar, así, la calidad de vida de la ciudadanía y de los barrios de la ciudad» afirman en comunicado las entidades convocantes que recuerdan que el deterioro de los servicios municipales afecta derechos ciudadanos fundamentales como «el derecho a la educación, salud pública y a la calidad de vida».
