El desalojo el jueves 7 de abril 2022 de una familia, compuesta por la madre y cinco hijos menores, de una vivienda de alquiler social propiedad de la Empresa Municipal de Suelo (Emsule) de Leganés, ha motivado una condena del grupo municipal de Podemos, que acusa al gobierno municipal de coalición PSOE-Ciudadanos de no hacer el seguimiento adecuado de esta familia en situación marginal y proceder a un desahucio sin una previsión habitacional como impone la legislación en estas circunstancias.
Gema Gil, cabeza de lista de Podemos en Leganés, indica que, desde el área de Asuntos Sociales bajo la concejala de ciudadanos María del Pilar Cano, se filtró a algunos medios de comunicación la versión de que la mujer desalojada y sus cinco hijos vivían de forma lujosa mientras que no pagaban un alquiler de 120 euros con unos ingresos que superan los mil euros de ayudas sociales.
Gema Gil responde así a las preguntas de Aquí Madrid.
Francis Fernández: ¿Cuáles son los hechos concretos que se han producido en el desalojo del 7 de abril en Leganés?
Gema Gil: En primer lugar quiero decir que parece increíble. No me podía esperar que el PSOE actuara con ese ensañamiento, que fuese capaz de desahuciar a unos menores. Han dejado en la calle a unos niños indefensos que nada de culpa tienen. Me enteré por la prensa, solo leer el titular contacté con Servicios Sociales, la concejala responsable de Servicios Sociales y con Alejandra Jacinto, responsable el Área de Vivienda del Podemos en la Comunidad de Madrid y de la que formo parte junto a concejales y concejalas de mi partido de otros municipios.
FF: La información que existe en los medios viene toda por medio de la PAH. ¿Es correcta?
GG: A esta pregunta me va a ser difícil contestarte… solo tengo la versión de Servicios Sociales, la que justifica el desalojo con argumentos peregrinos que esconden las deficiencias de los Servicios Sociales.
He intentado contactar con la madre, pero me está siendo difícil, una vez que he hablado con Servicios Sociales para saber si tenían conocimiento de que EMSULE iba a desahuciar a unos menores, si había seguimiento e informes de vulnerabilidad de estos menores, si servicios sociales junto a EMSULE estaban llevando el seguimiento conjuntamente y de cuál era el informe emitido al jugado por parte de los Servicios Sociales para evitar el desahucio o facilitar una alternativa.
Es muy frustrante haber tenido dos consejos de EMSULE en los últimos quince días y que el PSOE no nos haya informado (en ninguna de la dos) mientras sí firmaban unas viviendas «fantasmas» destinadas a alquiler supuestamente de personas vulnerables. Hay que tener el estómago muy agradecido para silenciar el drama de unos menores, que es lo que han hecho.
FF: ¿De qué fuente procede la información de la que disponéis en Podemos?
GG: La información que tenemos, como he dicho antes, es a través de los medios ya que no nos ha llegado ninguna convocatoria de las dos protestas que ha habido ni consigo el contacto de la madre de los menores. Es el PSOE quien tenía que habernos informado a todo el consejo de que se iba a producir un desahucio y desde luego haber puesto solución a esos menores que han dejado en la calle. No doy crédito a esta situación.
FF: ¿Con qué ingresos cuenta la mujer desalojada?
GG: Parece ser que percibía el Ingreso Mínimo Vital. Es algo que me ha trasladado una parte y el gobierno no se pronuncia, ni nos ha convocado para dar explicaciones, pero a mí lo que me importa es la situación de los menores, por eso mi insistencia en hablar con su madre, quiero escucharle y que me cuente lo que ha ocurrido, quiero escucharle a ella.
Cuando un gobierno de ‘izquierdas’ que tiene a medio EMSULE «colocado», o subvenciona saraos con empresarios para dar premios a Isabel Díaz Ayuso y calla ante el desahucio de una familia, algo grave está pasando con el dinero de todos los vecinos y vecinas de Leganés.
Pero no es el primer intento de desahucio, hay otro pendiente que se ha conseguido parar de momento.
FF: ¿Cuál es la situación ahora?
GG: Es algo que mi cabeza no llega a comprender, cómo es posible que en años no se haya hecho un seguimiento desde Servicios Sociales, interesarse por esos menores, cómo se encuentran, si necesitan ayuda, que necesidades tienen y que carencias. Si EMSULE hace seguimiento de las viviendas y de quienes las habitan, más aún cuando hay un decreto que prohíbe los desahucios de los grandes tenedores de viviendas. El decreto no habla de las empresas públicas, pero es evidente que las viviendas de EMSULE y sus inquilinos están protegidos por dicho decreto.
Pero que el PSOE deje en la calle a menores, es una irresponsabilidad, como gobierno muy grave.
FF: ¿Cómo se ha podido llegar a esa situación de desconocimiento de la situación real de la familia por parte de los Servicios sociales de Leganés?
GG: EMSULE y Servicios Sociales tienen la obligación de hacer el seguimiento de la familia.
El funcionamiento de los Servicios Sociales, lo venimos diciendo hace mucho tiempo, requiere de una revisión en el funcionamiento y en la atención a los usuarios y usuarias a la vez que se le dote de más medios económicos y efectivos.
No podemos seguir con la imagen de unos servicios sociales a los que acude la gente con necesidades y no obtengan ayudas y la única respuesta sea derivarlos a Cáritas o a Cruz Roja mientras el Ayuntamiento da beneficios de 66 millones de euros.
FF: ¿Cuál es el planteamiento de Podemos ante situaciones como esta que pueden ser un fraude a los servicios de ayuda social a los desfavorecidos?
GG: El derecho a la vivienda ha sido históricamente vulnerado en nuestro país y han tenido que pasar 44 años de democracia para que se ponga en marcha una ley que garantice un derecho que figura en la Constitución y que es una demanda histórica de los movimientos sociales. Gracias a la presencia de Unidas Podemos en el Gobierno, a la persistencia de la ministra Ione Belarra y a la lucha del movimiento social por la vivienda, España va a tener por primera vez una ley estatal para garantizar que la vivienda sea un derecho real para toda la ciudadanía.
La norma que salió del Consejo de ministros constituye un importante paso en la dirección correcta para acabar con la ley de la selva que ha imperado hasta ahora, para poner freno a los desahucios y limitar los beneficios de los grandes propietarios.
La Ley de Vivienda tiene que ser una realidad cuanto antes: venimos de una burbuja inmobiliaria que arrolló miles de vidas a través de las ejecuciones hipotecarias, que hace inasumible acceder a la vivienda, y seguimos asistiendo a imágenes de desahucios, que representan una vulneración de derechos humanos básicos.
Ahora bien, no somos irresponsables y la ley se tiene que cumplir en los dos sentidos y las personas afectadas, como en este caso, deben dar cuenta de su situación y de los problemas que tienen para no hacer frente a sus compromisos. Hay muchas personas vulnerables que esperan viviendas o ayudas para cubrir sus necesidades, quiero recordar que en nuestro país hay muchas personas trabajadoras pobres, y ahí las administraciones, se tienen que esforzar más, por eso es que con el dinero de todas y todos no se juega y todo tiene que estar más que justificado.
El mes pasado, Naciones Unidas volvió a condenar a España por el desahucio de una familia vulnerable a la que el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad no ofrecieron una alternativa habitacional. Esta semana no ha sido el Partido Popular quien ha vulnerado los derechos de unos menores, ha sido el PSOE en Leganés.
Para finalizar, el alcalde Llorente ya lo ha conseguido, ha puesto a EMSULE al mismo nivel que un «fondo buitre».
