La Corporación Municipal de Galapagar ha rechazado una moción de Izquierda Unida (IU), a instancias de la Asociación Ítaca, para establecer una moratoria en la implantación de la red 5G en el municipio hasta que se obtengan los resultados de un estudio sobre los efectos de sus radiofrecuencias en el ser humano y el medio ambiente.
La moción solo contó con tres votos a favor de Izquierda Unida, Podemos y una concejala no adscrita, y quedó rechazada por los ocho votos en contra de PP, Vox y Mas Madrid, gracias a las diez abstenciones de PSOE, Ciudadanos y dos concejales no adscritos.
Además de la moratoria, el texto de IU defendía un «compromiso de información a la ciudadanía con total transparencia sobre la posible ubicación de todas las antenas 5G (antenas y celdillas) que se pretenden instalar, desde el momento en que se dispongan de los proyectos y planos de instalación», así como la «redacción de una ordenanza reguladora de todas las instalaciones radioeléctricas pertenecientes a las redes de telecomunicaciones del municipio».
La Coordinadora Estatal por la Moratoria del 5G, en la que en el ámbito de Madrid participa la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos (FRAVM) y otros colectivos como Ecologistas en Acción, sostiene que en la puesta en marcha del 5G debe primar el llamado Principio de Precaución (artículo 191 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea) hasta que se demuestre su inocuidad para la salud y el medio ambiente.
Cerca de un millar de organizaciones vecinales, ecologistas, educativas, de consumidores y de personas electro y químico sensibles de toda España ya se han sumado a este llamamiento, y los ayuntamientos de Totana (Murcia), Durango y Elorrio (Vizcaya) ya han aprobado una moratoria del 5G para sus localidades.
La proposición de IU debería servir como mínimo, señala esta organización, para «abrir un debate democrático que está siendo secuestrado por las operadoras y otros agentes», recuerda que el Defensor del Pueblo ha cuestionado que el Plan Nacional del 5G y sus proyectos pilotos no atienda al Principio de Precaución ni a la evaluación ambiental en España.
Por otro lado, la coordinadora asegura que con el argumento de reducir la brecha digital, se aumenta una brecha social en detrimento de extender otras tecnologías biocompatibles (igual o más rápidas y más seguras, como el cable de fibra óptica), y de otros modelos de consumo, educación y convivencia, como las basadas en redes comunitarias.
La red ciudadana también solicita a los ayuntamientos que rechacen el Anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones, ya que deja sin competencias en este ámbito a las administraciones autonómicas y locales, no evalúa sus impactos (en la salud pública y el medio ambiente), no atiende al principio de transparencia, ni a los posibles conflictos de interés. Además, incumple los derechos de acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia ambiental.
La coordinadora estatal persigue abrir en los ayuntamientos un debate plural previo al despliegue del 5G, ya que considera «dicho debate secuestrado y actualmente condicionado por los planes de estímulo europeos del plan Next Generation EU», y critica que estos fondos «estén comprometidos a un proceso acrítico de esta implantación tecnológica, auspiciada y maquillada por el Foro Económico Mundial como ‘inocua’, ‘verde’ e ‘inmaterial’, benefactora del planeta y de la humanidad».
La coordinadora se ha sumado a la movilización que reclama la participación social en la toma de decisiones sobre el reparto de los Fondos de Recuperación Económica Next Generation EU, una iniciativa que «cuestiona que estos fondos vayan a parar a las mismas empresas y sectores industriales relacionados con la grave crisis climática y eco-social que padecemos actualmente».
