La sección sindical de la CGT en la entidad Asispa informa de que familias con menores a cargo en el Caracolas, acogidos en estos últimos dos meses como solicitantes de asilo y otras personas en distintas situaciones administrativas, han llegado a ocupar las trescientas plazas disponibles, y el Ayuntamiento de Madrid, Samur Social y Asispa, encargados de la gestión, han decidido expulsar a familias con menores del centro para disponer de plazas libres.
Las familias solicitantes de asilo suelen quedarse en Caracolas hasta que formalizan su proceso y obtienen la carta blanca, documento con el que se encuentran regularizados temporalmente. Una vez obtenida, el Ministerio del Interior debe concederles plaza en otros centros de acuerdo con el sistema de protección. Sin embargo, el ministerio actualmente se halla colapsado y carece de plazas, provocando que las familias permanezcan en Caracolas.
Como consecuencia, el centro se ha mantenido con máxima ocupación y, aunque su fin es atender a personas en situación de emergencia social, no ha podido disponer de plazas para personas que necesitaban un alojamiento y cumplían con los criterios de acceso a Caracolas.
Ante esta circunstancia, los responsables del ayuntamiento de Madrid, Samur Social y Asispa, encargados de la gestión de plazas de Caracolas, han decidido expulsar a familias con menores del centro para disponer de plazas libres.
A principios de noviembre se ha comunicado mediante una entrevista y una carta a varias familias con menores que tienen un plazo de quince días para abandonar Caracolas, quedando pendientes aún más familias por informar. En este breve plazo de tiempo deben buscar una vivienda por su cuenta o contactar con otras organizaciones que puedan alojarles.
En caso de agotar el período y no encontrar ningún alojamiento tendrán que dormir en la calle con menores.
Sin embargo, sostiene la CGT, estas familias no tienen capacidad económica para mantenerse por su cuenta, carecen de permiso de trabajo y no cuentan con el apoyo de familiares o de una red social. Algunas de ellas han acudido a oficinas del Ministerio del Interior y de otras organizaciones como Cruz Roja, pero no han obtenido ningún tipo de alternativa que solvente su situación y estas familias quedarán abocadas a quedar en la calle, con menores, en período de invierno.
