La administración Trump ha incluido a Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados, en una lista de personas sancionadas de Estados Unidos. La decisión, anunciada el 9 de julio por el secretario de Estado, Marco Rubio, la acusa de «antisemitismo descarado» y de promover una «campaña» contra Israel y Washington, a raíz de sus informes sobre posibles crímenes de guerra en Gaza.
El castigo –congelación de activos, restricciones de viaje y veto a la colaboración con ciudadanos estadounidenses– ha desatado una oleada de críticas que va desde Naciones Unidas hasta organizaciones pro derechos humanos y plataformas ciudadanas.
Albanese, jurista italiana y voz incómoda para los gobiernos que respaldan la ocupación israelí, reaccionó con un mensaje en la red X: «Los poderosos que castigan a quienes hablan por los sin voz no muestran fuerza, sino culpa».
Recordó además que «todas las miradas deben seguir puestas en Gaza, donde los niños mueren de hambre en brazos de sus madres» –una declaración que resume su argumento central: la sanción pretende silenciar el escrutinio internacional, no proteger a las víctimas.
Un ataque frontal a los mecanismos de la ONU
La relatora especial no trabaja para agradar a los gobiernos, subrayó la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, quien calificó la medida de Washington de «ataque vergonzoso y evidente contra los principios fundamentales de la justicia internacional»
Según la oenegé, la sanción llega pocos días después de que Albanese publicara un voluminoso informe que documenta cómo grandes corporaciones —muchas de ellas estadounidenses— se benefician económicamente del asedio y la ocupación, un fenómeno que la propia experta describe como «la economía del genocidio».
El secretario general de la ONU, António Guterres, la presidencia del Consejo de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado se sumaron al rechazo y advirtieron del «peligroso precedente» que supone castigar con represalias a los titulares de mandatos independientes. Guterres tachó la decisión estadounidense de «inaceptable» y Lauber instó a «todos los Estados a cooperar plenamente con los relatores y abstenerse de intimidaciones».
«Métodos mafiosos» y guerra jurídica
Desde hace meses, el Departamento de Estado venía cuestionando la imparcialidad de la relatora y presionando para que fuera destituida. De acuerdo con la agencia EFE, Albanese calificó el hostigamiento de Washington como un intento de «intimidarme con métodos mafiosos», una expresión que se popularizó en titulares de medios internacionales y que denuncia la estrategia de castigar a la persona cuando se carecen de argumentos contra el informe.
Rubio, por su parte, justificó la sanción alegando que la jurista trata de «presionar ilegítima y vergonzosamente» a la Corte Penal Internacional para que procese a funcionarios estadounidenses e israelíes. Sin embargo, ni EEUU ni Israel son parte del Estatuto de Roma, de modo que el derecho internacional no reconoce su inmunidad frente a crímenes de guerra.
Para los críticos, el anuncio pone de manifiesto la tensión entre la jurisdicción universal y la doctrina de excepcionalidad que Washington reclama para sí cuando se investigan abusos cometidos por aliados estratégicos.
Un informe que sigue el dinero de la guerra
Albanese presentó el 14 de julio ante el Consejo de Derechos Humanos el estudio «De la economía de la ocupación a la economía del genocidio», donde rastrea la cadena de beneficios que nutre la maquinaria bélica israelí y señala a gigantes tecnológicos, financieros y armamentísticos de Estados Unidos, Europa y Asia.
El documento sostiene que la rentabilidad bursátil de compañías como Elbit Systems o IAI creció hasta un 179 por ciento durante la ofensiva y que el gasto militar israelí se disparó un 65 por ciento entre 2023 y 2024. Ese rastro del dinero, según la relatora, explica en parte la persistencia de la violencia y derriba el argumento de la «guerra contra el terrorismo» utilizado para justificar los bombardeos.
Aval ciudadano y respaldo político
La acción punitiva ha tenido un efecto bumerán inesperado: más de 500.000 personas de todo el mundo han firmado ya la petición lanzada por Avaaz para proponer a Francesca Albanese y al colectivo de médicos de Gaza como candidatos conjuntos al Premio Nobel de la Paz. El texto de la plataforma recuerda que «la mejor manera de responder a las amenazas y la intimidación es demostrar que el mundo apoya a quienes no se acobardan ante los poderosos».
La iniciativa ha sumado voces influyentes: la eurodiputada eslovena Matja Nemec lidera una campaña en el Parlamento Europeo, mientras que el economista griego Yanis Varoufakis y organizaciones como Diem25 han difundido mensajes de solidaridad. Desde América Latina, la revista Reflexión y Liberación destaca que la nominación «reconoce a la principal voz que denuncia los horrores contra el pueblo palestino» y pone de relieve la urgencia de proteger a la experta de represalias.
Sanciones como herramienta de amedrentamiento
No es la primera vez que el Gobierno de Donald Trump recurre a las sanciones para frenar investigaciones internacionales incómodas. En 2024 suspendió las visas de los jueces de la Corte Penal Internacional y amenazó con congelar sus bienes. Para Amnistía Internacional, el patrón revela una «escalada revanchista» contra todo aquel que documente crímenes susceptibles de responsabilizar a altos mandos militares o a empresas contratistas. Organizaciones como Human Rights Watch temen que el castigo contra Albanese sea solo el principio de una campaña más amplia de desprestigio y coerción, al estilo de la aplicada contra organizaciones palestinas de la sociedad civil.
Consecuencias prácticas y simbólicas
En términos financieros, la sanción puede resultar casi irrelevante para una académica con escasas propiedades en EEUU. No obstante, el simbolismo es potente: dificulta su interlocución con universidades y think tanks estadounidenses, restringe la financiación de investigaciones y lanza un mensaje disuasorio a futuros expertos. Además, crea un conflicto institucional, pues la ONU no reconoce la autoridad de un Estado miembro para interferir en los mandatos de sus relatores.
El derecho internacional en la balanza
La controversia llega en un momento crítico, cuando la Corte Internacional de Justicia examina denuncias de genocidio contra Israel y gobiernos europeos debaten la reanudación de la ayuda a Gaza. Para juristas como Albanese, aplicar sanciones personales a quien levanta pruebas socava la arquitectura multilateral creada tras 1945. «En lugar de perseguir a la mensajera, Estados Unidos debería poner fin a su apoyo incondicional a Israel», insiste Callamard.
Qué puede ocurrir ahora
Diplomáticos europeos barajan un pronunciamiento conjunto en el Consejo de Derechos Humanos que reafirme la independencia de los mecanismos especiales y exija la anulación de la orden ejecutiva de Trump. Si Washington no rectifica, la propia Albanese podría impugnar la medida ante tribunales federales por violar la libertad de expresión y de cátedra, aunque sus abogados admiten que el litigio sería largo y costoso.
Entretanto, la relatora continúa recabando testimonios sobre el terreno, documentando hambrunas, desplazamientos forzados y ataques contra infraestructuras sanitarias en Gaza. «Mi obligación es con las víctimas y con el derecho», ha reiterado: «No basta con indignarse; hay que actuar». Esa determinación, impermeable a las presiones, explica por qué cientos de miles de personas consideran que su labor merece el Nobel más que el castigo.
Con la ofensiva diplomática contra Francesca Albanese, Estados Unidos se expone a un costoso boomerang moral: proyecta la imagen de un gobierno que prefiere silenciar a los investigadores antes que frenar los crímenes que documentan. Para la sociedad civil global –y para los lectores de Aquí Madrid– el mensaje es claro: la defensa del derecho internacional está en juego y, con ella, la credibilidad de quienes dicen protegerlo.
