Bajo el lema la defensa de los derechos no para, arranca la campaña ‘Inclusión imparable’ , que tiene como objetivo reivindicar el cumplimiento de la Convención citada, también en situaciones de pandemia o de salud, en donde el compromiso con las personas con discapacidad se puede ver mermado o ninguneado.
El 3 de mayo se celebra el II Día Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas con el objetivo de conmemorar y reconocer la importancia de este instrumento normativo internacional ratificado por España hace doce años.
Por ello, se va a procurar hacer énfasis en el derecho a la salud que tienen todas las personas y, en especial, las más vulnerables, tal y como indica, la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe).
La situación actual de las personas con discapacidad debida al coronavirus ha provocado una crisis social, económica y política que ha castigado severamente a estas personas y a sus respectivas familias. En muchas ocasiones, se han puesto encima de la mesa cuestiones relativas a si eran o no personas con discapacidad a la hora de ser atendidas y se ha llegado incluso a comprometer su salud y, alguna vez, hasta se ha podido ocasionar la muerte de algún paciente, según apunta la organización.
La necesidad extrema la tiene que asumir el Estado, que es quien debe garantizar que en estas situaciones de emergencia como la actual, no sean violados los derechos de las personas con discapacidad, no se comprometa el derecho a la salud y protección física y orgánica e incluso también, para las personas que no tienen una discapacidad descrita como tal, pero padecen enfermedades crónicas y por ello, son dependientes.
A través del hashtag #InclusionImparable, se ha reclamado que sean respetadas las normas jurídicas de cumplimiento imperativo en España y que no sean violados los derechos humanos de este colectivo. La situación de la dependencia y la discapacidad ha puesto de manifiesto que aún no existen acceso a la lectura de medicamentos; no se está protegiendo a las mujeres y niñas con discapacidad; no se están dotando de productos sanitarios en muchos casos a los pacientes; no se siguen los protocolos sanitarios y se produce exclusión; no se adaptan los accesos a la atención de estos pacientes y son apartados socialmente en casos de emergencias sociales y médicas.
Por ello, Cocemfe, ha reclamado al Gobierno que puedan participar tanto las personas con discapacidad como sus familias, a través de las organizaciones representativas en los planes de reconstrucción social y económica que sean desarrollados a nivel europeo, estatal y autonómico.
En ese sentido, solicitan, de igual forma, que sea de exigido cumplimiento la agenda 2030 y los objetivos de Desarrollo Sostenible que están orientados a mantener el carácter público, gratuito y universal de los sistemas de salud, para que ninguna persona quede excluida de los mismos.
La Convención y su protocolo facultativo, fueron aprobados por la Asamblea General de la ONU el 13 de diciembre de 2006. Un año más tarde, España la ratificó, y el 3 de mayo de 2008 entró en vigor, pasando a formar parte de su ordenamiento jurídico.
Este tratado supone la consagración del enfoque de los derechos de este colectivo y considera a las personas con discapacidad como sujetos titulares de derechos, mientras que el Estado está obligado a garantizar que el ejercicio de los mismos sea pleno y efectivo, así como asegura los derechos humanos y que sus principios, valores y mandatos sean llevados a la práctica.