El Gobierno de España ha recuperado la reforma legal que sustituye la incapacitación judicial de las personas con discapacidad intelectual por la figura del apoyo, cambiando de este modo el sistema legal actual por otro basado en el respeto a la voluntad y preferencias de estas personas.
La aprobación del anteproyecto de ley que reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, hace que, por primera vez, la incapacitación de una persona con discapacidad pueda ser revocada.
Este anteproyecto llega por segunda vez a la mesa del consejo, dado que en septiembre de 2018 se iniciaron los trámites y se recibieron los informes de los órganos consultivos acerca del mismo tema. En ese sentido, la reforma pretende trasladar el ordenamiento de la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad y establece que estas tienen derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica e insta a los estados a reconocerla en igualdad de condiciones con respecto del resto de los ciudadanos en todos los aspectos que conformen su vida.
En este supuesto, se elimina del ámbito de la discapacidad, la tutela, la patria potestad prorrogada y la patria potestad rehabilitada, si bien estas figuras no responden al sistema de promoción de la autonomía de las personas adultas con discapacidad que se propone en el anteproyecto, según ha explicado la Dirección General de Políticas de Discapacidad. Se aborda de igual forma la curatela (entendida como la perspectiva asistencial que obliga a la modificación de la ley hipotecaria y de la ley 20/2011 de 21 de julio del Registro Civil. Asimismo se verán modificados la determinación, impugnación de la filiación y el procedimiento para la división de la herencia o en los procesos de separación o divorcio.
Por ello, la ley de la jurisdicción voluntaria se modificará en las nuevas medidas judiciales de apoyo a las personas con discapacidad en aras de una tutela eficaz de sus derechos lo que permitirá dignificar sus derechos fundamentales y su libre voluntad.
Esta convención impone de igual forma, las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica que debe ser adaptada a las circunstancias de las personas, de forma que sean respetados sus derechos, su voluntad y sus preferencias para evitar en cualquier supuesto influencias indebidas o conflictos de intereses determinados.
En ese sentido, este anteproyecto propone la reforma de la Ley de Notariado, el código civil, la ley hipotecaria, la ley de enjuiciamiento civil, la de protección patrimonial de las personas con discapacidad, de la normativa tributaria del registro civil y de la jurisdicción voluntaria. Por ello y por tanto, se sustituye la incapacitación o modificación de la capacidad por la figura del apoyo (término que expresa la ayuda técnica en la comunicación de las declaraciones de voluntad, o en la ruptura de barreras; la toma de decisiones, y la representación de la persona con discapacidad.
