El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la modificación el Código Penal para la erradicación de la esterilización forzada o no consentida de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente.
La reforma elimina el párrafo segundo del artículo 156 del código penal que despenaliza las esterilizaciones no consentidas previa autorización judicial y culmina una de las iniciativas que venía impulsando el movimiento asociativo, canalizada a través del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y la Fundación Cermi Mujeres.
Según informa Servimedia, para el movimiento Cermi este es un momento histórico en la legislación española sobre derechos de las personas con discapacidad, especialmente para las mujeres, que eran las más afectadas”. En su opinión, “el activismo de las mujeres con discapacidad ha logrado un hito, que es desterrar del ordenamiento jurídico la esterilización forzosa, que todavía permanece en muchos países, incluso europeos, evidenciando la fuerza de una sociedad civil con capacidad de propuesta, persuasión y convicción política.
El preámbulo de la ley ha salido publicado en el BOE y explica que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en el 2006, ratificada posteriormente por España y que entró en vigor en 2008, recoge una serie de artículos específicos sobre los derechos de las personas con discapacidad en relación a la formación de una familia, un hogar, ser padres y madres y las relaciones personales de los mismos.
En concreto mandata que los Estados partes tomen «medidas efectivas y pertinentes para poner fin a la discriminación contra las personas con discapacidad en todas las cuestiones relacionadas con el matrimonio, la familia, la paternidad y las relaciones personales, y lograr que las personas con discapacidad estén en igualdad de condiciones con las demás».
La nueva ley que entró en vigor el pasado viernes 18 de diciembre en España y también establece que el gobierno remitirá a las Cortes Generales un proyecto de ley de modificación de la ley básica reguladora de la autonomía del paciente y de Derechos y Obligaciones en materia de Información y documentación clínica, y de la Ley Orgánica de Salud
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