La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) alerta de un posible fraude en el pago de 107 millones de euros al fondo buitre Encasa Cibeles por la restitución de 1721 de las casi tres mil viviendas de protección oficial del IVIMA malvendidas en 2013.
«Estamos ante un posible fraude, ante un nuevo quebranto patrimonial que la Agencia de la Vivienda Social no ha contado pero que vamos a pagar todos y todas», sostiene Quique Villalobos, presidente de la FRAVM
Según la información a la que tuvo acceso la FRAVM, la Comunidad de Madrid se dispone a pagar a Encasa Cibeles lo mismo que el fondo pagó en 2013 en la operación de venta que han anulado los tribunales, pero sin tener en cuenta los beneficios obtenidos por la empresa por la venta a terceros de las 1214 viviendas restantes y los alquileres percibidos de los últimos ocho años.
Según informaciones de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura publicados en 20 Minutos, los 107 millones de euros que «en un plazo breve» abonará al fondo buitre responden a una valoración efectuada de un modo «objetivo» y cuenta con el aval de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid.
Pero la FRAVM pregunta si la Comunidad de Madrid ha tenido en cuenta en esta valoración «los enormes beneficios que Encasa Cibeles ya ha obtenido con la venta de las otras 1214 viviendas restantes de la operación que hoy se encuentran en propiedad de terceros, así como los beneficios derivados de los alquileres cobrados desde que se ejecutó la operación, que se estiman en más de doscientos millones de euros.
Quique Villalobos sostiene que «de nuevo, como ocurrió con las mascarillas, estamos ante una administración madrileña que dispara con pólvora del rey, que regala dinero a los fondos buitre, perdona impuestos a los más ricos pero no se corta en pedir dinero extra al Estado», y añade que «mientras Ayuso pretende regalar 107 millones de dinero público mantiene sin atender a unas 260 familias de aquellas a las que vendió junto con sus casas al fondo buitre. Además, muchas otras aún no han firmado los papeles de regularización de sus alquileres y a otras tantas aún no se les ha concedido la reducción del alquiler a la que tienen derecho mientras se les piden cuotas que no pueden pagar, cuotas de comunidad que duplican las de casas de cualquier barrio y así cientos de incidencias con las familias más vulnerables de la región».
Y concluye que «para las familias que aún aguantan en las 1721 viviendas que la Comunidad de Madrid ha recuperado a regañadientes y solo por mandato judicial, todo son dificultades, mientras que Encasa Cibeles no encuentra más que facilidades de nuestros representantes públicos. Estamos hartos de que el Gobierno autonómico, como ha hecho durante los ocho años de lucha de las familias afectadas, siga beneficiando al más fuerte, el fondo buitre, en vez de ayudar a aquellas, a unos hogares que, recordemos, viven en pisos sociales por su especial vulnerabilidad».