CCOO de Madrid denuncia la reforma registrad por el Partido Popular el pasado viernes y que supondrá la modificación en un solo texto de quince leyes con carácter de urgencia, desde el control de Telemadrid o la Cámara de Cuentas, hasta suprimir gran parte de los mecanismos de control y transparencia en la Comunidad Autónoma.
Para el sindicato, «modificar de un plumazo» quince leyes que afectarán a disposiciones tan dispares del ordenamiento regional como la Cámara de Cuentas, Radio Televisión Madrid, la Cámara de Comercio, Medio Ambiente, el SERMAS… «supone un nuevo golpe de mano del Gobierno de Ayuso para tomar el control total de las instituciones, legislar en contra de las libertades de la ciudadanía madrileña y condenar al Poder Legislativo Regional a la irrelevancia más absoluta».
Agrega que «el Gobierno de Ayuso pretende apropiarse de gran parte de los mecanismos de control institucional y de órganos fundamentales», con la excusa de agilizar y simplificar «la normativa de la Comunidad de Madrid», y para ello establece recortes en materia de transparencia, control e independencia de información. Además lo hace por un trámite de urgencia, «por la puerta de atrás, para saltarse los tramites de audiencia pública y consulta a los agentes sociales y económicos».
Para CCOO de Madrid, estas medidas tienen como objetivo principal la acumulación de poder en torno al Ejecutivo del Partido Popular, mientras condenan a la más absoluta inoperancia a la Asamblea de Madrid, fomentando la falta de transparencia de las instituciones públicas, el blindaje de nombramientos de cargos públicos, o el control mediático de la Radio Televisión Pública madrileña.
El Sindicato sostiene que suprimir las mayorías cualificadas, tan necesarias para el funcionamiento democrático, plural y transparente de la Asamblea de Madrid, en beneficio de la acumulación de poder del Gobierno Regional, «supondrá acabar con la interlocución y el debate democrático en esta Cámara».
Además, añade que este recorte en las libertades democráticas de control y supervisión de los poderes públicos, «nos retrotrae al modelo político de gobiernos anteriores del Partido Popular, poniendo a las instituciones al servicio de los intereses de unos pocos en perjuicio de la salud democrática de la Comunidad de Madrid».
Recuerda asimismo que gran parte de las medidas que ahora pretenden modificarse, tienen su origen en sendas iniciativas parlamentarias que perseguían paliar de alguna manera el profundo desprestigio de las instituciones madrileñas, provocados por los innumerables escándalos de corrupción relacionados con diferentes gobiernos del Partido Popular de Madrid.
