Después del hambre, el desahucio

Ariel no se llama Ariel. Vamos a ocultar su verdadero nombre para evitar que puedan localizarle los que hicieron que saliera de su país para llegar a España como refugiado. El resto de su historia, por desgracia, sí es cierta. Y está ocurriendo ahora mismo en Leganés.

Ariel tiene alrededor de sesenta años. Es colombiano. Lleva en nuestro país como refugiado desde hace tres. Durante ese tiempo ha ido sobreviviendo en España alquilando habitaciones mientras trabajaba como pintor en la construcción.

Ariel tiene papeles, la tarjeta roja que le dicen ellos. Tiene permiso de trabajo y hasta el pasado catorce de marzo podía vivir casi sin problemas en una habitación con derecho a cocina como las que en los años cuarenta y cincuenta constituían el hogar de muchas familias españolas. Esa habitación pertenece a una vivienda en la zona centro de Leganés en la que viven cuatro personas. Una de ellas es la titular del contrato de alquiler de la vivienda. Esa misma persona realquila, sin papeles, cada una de las otras tres habitaciones de la vivienda por 280 euros al mes a otras personas. Una vivienda de alquiler, una habitación para la titular y otras tres realquiladas. Así van tirando.

Pero el día catorce se acabó todo. Por su edad Ariel es persona de riesgo ante el coronavirus y además la construcción se paralizó. Desde entonces no ha podido volver a trabajar y lleva tres meses sin poder pagar el alquiler.

No tiene paro ni ningún tipo de ayuda pese a que ya ha llamado a las puertas de la concejalía de Asuntos Sociales y de Cáritas. Ha llenado todos los formularios que le han pedido. En los dos sitios han tomado nota de su situación pero no ha llegado ningún tipo de ayuda. Puede comer gracias a que la Red de Apoyo Mutuo, formada por voluntarios, le ha llevado alguna cesta básica de comida.

Dice Ariel que, de momento, la persona que le alquila la habitación en la que vive no le ha dicho directamente que se vaya. Pero si le ha dicho, y él lo sabe, que ella tiene que pagar el alquiler de la casa, que sin su aportación de 280 euros no puede, y que en cuanto él deje la habitación habrá otro inquilino dispuesto a ocuparla. Sin contrato ni papeles, claro. La vivienda en nuestro país esta así de difícil ahora mismo.

Se acerca fin de mes y las cosas se van a poner peor

Elena tampoco se llama Elena. También es colombiana y refugiada. Vive en otra habitación de la misma casa donde vive Ariel. Casi todo en su experiencia es parecido a la de Ariel, salvo que Elena tiene solo veintisiete años y lleva algo menos de año y medio en España. También tiene estatuto de refugiada y papeles. Esa situación de legalidad le permitirá pedir la ayuda para vivienda que la legislación española concede, durante los dos primeros años, a quienes tienen que salir de un país en conflicto y convertirse en refugiados.

Pero a Elena, que no había querido pedir la ayuda porque tenía trabajo, le pilló la pandemia tramitando esos papeles. Desde entonces todas las oficinas están cerradas. Cualquier tramite burocrático que se requiera se ralentiza o se vuelve imposible si hay que hacer alguna gestión en persona. Elena tendrá que esperar. En su caso, seguramente más que Ariel, porque Elena es camarera y el trabajo en su sector tardará mas tiempo en volver a ser como fue.

Un caso muy distinto es el de Margarita. Ella tiene poco menos de cincuenta años, es peruana y vive con su marido de casi sesenta y su hijo de veintitantos en la parte baja de una nave en un polígono industrial de Leganés. En la parte alta vive otra familia también latinoamericana. Cada una de ellas pagaba unos cien euros a la dueña de la nave.

Margarita y su familia salieron de Perú buscando una vida mejor. Estuvieron en Italia donde el idioma y los problemas de trabajo no les permitieron adaptarse. Llegaron a España donde, tras un primer desahucio, anduvieron deambulando hasta que encontraron un centro de acogida donde solo le permitían pernoctar a ella porque no había camas suficientes. Su marido tuvo que permanecer en la calle.

Finalmente, llegaron mediante algunos contactos hasta este hangar donde pensaban permanecer solo unos días cuando llegó el confinamiento. Desde entonces ni su marido, que se ganaba la vida como peón de la construcción eventual acudiendo por las mañanas a la Plaza Elíptica para ser recogido por los conocidos «pistoleros», ni su hijo que colaboraba de vez en cuando en mudanzas, han podido trabajar. Margarita tiene cálculos en la vesícula y es posible que tenga que ser operada. La atienden en el Hospital Severo Ochoa.
También para ellos se acaba el tiempo. No tienen papeles que les permitan seguir en la nave. Y la dueña les dice que la necesita.

Si en los próximos seis ó siete días nadie sale en ayuda de Ariel, Elena y Margarita, se verán en la calle. Mientras tanto, la puesta en marcha de las ayudas sigue enredada en las lianas de la burocracia. Los Servicios Sociales del Ayuntamiento parecen desbordados y solo la actuación de organizaciones como la Red de Apoyo Mutuo, Cáritas y otras parecen estar haciendo frente a las próximas víctimas de la pandemia.