La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, informó el 4 de noviembre 2025 que el Consejo de Ministros había aprobado la concesión de la nacionalidad española a 171 descendientes de miembros de las Brigadas Internacionales.
«Estamos hablando de 54 hijos y 117 nietos de brigadistas internacionales, hombres y mujeres que, en virtud de la Ley de Memoria Democrática, han solicitado este derecho», señaló Alegría, para quien este reconocimiento supone «un paso más en la defensa de la memoria y de la democracia».
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había anunciado esta medida en un acto del Día de Recuerdo y Homenaje a las víctimas del golpe militar, la Guerra y la Dictadura, celebrado el 31 de octubre 2025, argumentando que se entraba en una nueva etapa de reconocimiento en la historia de la memoria democrática en España.
La medida se inscribe en la Ley 20/2022 de Memoria Democrática —la norma que amplía los derechos de reconocimiento y reparación vinculados a la Guerra Civil, el franquismo y el exilio—, y específicamente en su artículo 33, que habilita la adquisición de la nacionalidad por carta de naturaleza para los voluntarios de las Brigadas Internacionales y sus descendientes, siempre que acrediten una labor continuada de difusión de la memoria democrática.
Las Brigadas Internacionales fueron agrupaciones de voluntarios extranjeros que acudieron a España entre 1936 y 1939 en apoyo de la República ante el levantamiento militar y el enfrentamiento civil. El reconocimiento simbólico —y legal— hacia estos combatientes se remonta al Real Decreto 39/1996, que concedió la nacionalidad a aquellos que hubieran servido en dichas brigadas, aunque en su momento requería la renuncia a la nacionalidad de origen, lo que dificultó su aplicación.
Con la Ley de Memoria Democrática de 2022 se actualizó este marco legal para extender el derecho a los descendientes, eliminando obstáculos de tipo burocrático y jurídico. El acuerdo del Gobierno el 4 de noviembre habilita, por tanto, una vía concreta para decenas de familias que durante décadas vieron a sus antecesores reconocidos pero sin acceso plenos a derechos ciudadanos.
Para acceder a este derecho, las personas interesadas han debido formular una solicitud ante la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia, o mediante los registros consulares o electrónicos previstos, acreditando la condición de voluntario de las Brigadas Internacionales o el vínculo filial con dicho voluntario, haber desarrollado una labor continuada de difusión de la memoria de sus ascendientes y de la defensa de la democracia en España.
El Real Decreto señala que no existe límite temporal para ejercer el derecho, lo cual permite que solicitudes presentadas mucho tiempo después del conflicto puedan tramitarse.
Además, en esta convocatoria no se exige renuncia a la nacionalidad de origen ni hacer de examen de idioma, lo cual elimina barreras que suelen aplicarse en otros regímenes de nacionalidad.
Este reconocimiento supone un paso simbólico y práctico: acceso a la nacionalidad española, que comporta plenos derechos ciudadanos, así como un reconocimiento estatal de la tarea llevada a cabo por sus antecesores. Además, se configura como un acto de reparación moral hacia familias que durante décadas exigieron reconocimiento de su sacrificio y compromiso con la democracia.
La medida ha sido recibida por las organizaciones de memoria y derechos humanos como un referente en la articulación de políticas de memoria democrática. Entidades sociales, sindicatos y organizaciones de derechos humanos pueden considerar que el Estado da un paso más en su compromiso con la reparación, lo cual abre expectativas para nuevas iniciativas de memoria, archivo, educación y reconocimiento de víctimas menos visibles.
Desde el punto de vista del Gobierno, la decisión se inscribe en una estrategia más amplia de reforzamiento de la memoria democrática, en un contexto marcado por el auge de discursos autoritarios o revisionistas. Como Sánchez señaló, «la fuerza de una democracia que no olvida».
En el plano social, este tipo de medidas deben comprenderse en un contexto más amplio de memoria democrática, donde también se atienden otras víctimas del franquismo, exilio, represión, desaparición forzada, lo cual implica un enfoque integral.
