La Dirección General de la Policía ha hecho pública una demanda interpuesta por la Agrupación Reformista de Policías (ARP), ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, motivada porque en agosto de 2022 se convocó concurso para la provisión de vacantes de facultativos y técnicos de la Policía Nacional sin reserva de plazas para personas con discapacidad.
La ARP viene demandando al Ministerio del Interior un cambio significativo en la dirección y gestión del cuerpo, con reformas que impliquen un mejor contenido en los derechos de los empleados públicos en la policía nacional.
En esta demanda, la ARP argumenta que se trata de hurtar en la Policía un derecho reconocido por normas nacionales y europeas, que hacen mención a los derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, concretamente del Real Decreto Legislativo 1/2013 de 29 de noviembre y del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, firmado por España como estado miembro.
La Agrupación afirma que son muchos los trabajadores del CPN, policías, que de manera sobrevenida han tenido una pérdida de las condiciones psicofísicas, a quienes se les reconoce el grado de discapacidad y se les impide desarrollar otras funciones en la institución policial; situaciones que han tenido que ser corregidas por la Administración de Justicia, y que ahora «sería importante sentar precedente» por el propio Gobierno de su compromiso social con las leyes vigentes.
La ARP lamenta «la falta de respuesta de las organizaciones sindicales presentes en el Consejo de Policía», que previamente han de haber conocido ésta resolución en comisión de personal y proyectos normativos sin recurrirla, forzando a acudir a la vía judicial.
