En Leganés, conseguir una ayuda económica a través del Ayuntamiento se está volviendo muy difícil. Lo vienen denunciando muchos de los afectados que ven como sus solicitudes se quedan varadas en el Servicio de Asuntos Sociales por la necesidad de una serie de papeles y la imposibilidad de conseguirlos porque las oficinas están cerradas o funcionando bajo mínimos.
Ante esta situación la Sección Sindical de CCOO del Ayuntamiento de Leganés ha hecho público en la mañana del 28 de abril de 2020 que después de siete semanas en estado de alarma «todavía no se han podido ejecutar las ayudas económicas a las familias que tan necesitadas están en estos momentos».
En un comunicado, el sindicato afirma que a pesar del empeño de los trabajadores de Servicios Sociales, bien presencialmente o mediante el teletrabajo, «las mismas trabas burocráticas que se han hecho crónicas en nuestro ayuntamiento hacen que la lentitud para que lleguen las ayudas a las familias sea exasperante».
Agregan que «no puede ser que un tema tan importante, imprescindible para muchas familias de nuestra ciudad en estado de emergencia social, esté sujeto a innumerables trámites, algunos de ellos desconcertantes, por denominarlos de alguna forma, que impiden el alivio de quienes lo necesitan. No puede ser que la fiscalización se convierta en el dique de contención de las ayudas. La administración debe estar al servicio de la ciudadanía».
Comisiones Obreras pone como ejemplo a seguir durante la crisis al Ayuntamiento de Madrid, gobernado por el Partido Popular, por elaborar un procedimiento llamado «Ayuda de emergencia Exprés», cuyo objetivo es que las ayudas sociales lleguen a quienes las solicitan con la mayor agilidad y en el menor tiempo posible reduciendo al mínimo los trámites burocráticos.
Con ese procedimiento se permite que los beneficiados con la ayuda puedan justificar su necesidad después de haberla recibido para no retrasar la percepción de una ayuda que es precisa en estos momentos de emergencia social.
La gota que colma el vaso de las incongruencias, según CCOO, es la contratación por parte de la concejalía de Recursos Humanos, dirigida por el segundo teniente de alcalde y portavoz de Más Madrid Leganemos, Francisco José Muñoz Murillo, el mismo partido de la concejala de Asuntos Sociales, Eva Martínez, de una empresa para elaborar un plan de retorno al trabajo que según CCOO es superfluo, que le cuesta al Ayuntamiento de Leganés quince mil euros y ha sido llevado a cabo sin prácticamente trámite alguno.
En este ambiente, cuando menos de incomodidad con la gestión de la crisis por el equipo de Gobierno municipal formado por concejales del PSOE y Más Madrid Leganemos, más de una decena de organizaciones vecinales, entre ellas la totalidad de las asociaciones de vecinos, varias AMPAS y las plataformas de voluntarios que se estaban dedicando a paliar las necesidades de la ciudadanía más afectada económicamente por la pandemia, han presentado en el registro del Ayuntamiento un documento que recoge en ocho puntos las propuestas de los vecinos ante la crisis de subsistencia que se padece.
Los cuatro primeros puntos de la propuesta giran en torno a la mecánica de concesión y entrega de ayudas. Se pide reforzar los servicios sociales así como los servicios de información, orientación y apoyo para la obtención de las prestaciones sociales, prestaciones por desempleo o alta en el paro, incorporando si fuera preciso más personal a estas áreas; simplificar la documentación que se solicita para acceder a las ayudas de emergencia y otras prestaciones considerando la declaración responsable como alternativa a la petición de documentación que no pueda gestionarse directamente desde los propios servicios municipales; establecer procedimientos que permitan la concesión y recepción urgente de la ayuda para hacer más eficaz y rápida la llegada de la ayuda a sus destinatarios antes de que el hambre aparezca y determinar criterios inclusivos, que permitan que la población que vive en Leganés y no tiene su documentación en regla pueda acceder a las ayudas alimentarias, habitacionales y de salud.
Los últimos cuatro puntos insisten en dar prioridad en el gasto público a la dotación de ayudas y servicios de respuesta directa a la emergencia; la gestión ante otras administración de medidas de ayuda como, por ejemplo, pedir al IVIMA que suspenda temporalmente el cobro de alquileres y optimizar las ayudas que se dan en alimentación y, por ende el gasto público, para elaborar una cesta básica de alimentos esenciales en lugar de menús precocinados, más caros y menos capaces de ayudar a la alimentación de toda la familia. Por último, se reivindica el diálogo transparente entre la administración y las entidades ciudadanas como forma de afrontar la emergencia social surgida de la situación actual.
El documento entregado al Ayuntamiento recuerda que los datos oficiales de la crisis económica y los datos de las organizaciones como Cáritas, Cruz Roja, los bancos de alimentos, etc., dicen que el incremento de población en situación de extrema necesidad está siendo exponencial, y afecta a la salud del conjunto de la población.
Y concluyen que permitir que esta situación avance sin respuestas públicas suficientes ni adecuadas, supondrá en el futuro inmediato la desestabilización social, la cual constituye una amenaza para la seguridad y la convivencia ciudadana.