La Administración de Justicia pasa a la fase dos de la desescalada este martes 26 de mayo de 2020, lo que implica que a partir de ahora, y durante quince días, el personal que acudirá a juzgados y otros centros de trabajo será, con carácter general, de entre un sesenta y un setenta por ciento.
Así lo decidió la Comisión de Coordinación de Crisis de COVID-19 en la Administración de Justicia, que también acordó que se establecerán turnos de tarde cuando el número de funcionarios en un mismo espacio impida mantener la distancia de seguridad y evitar contagios de coronavirus, informa Servimedia.
La medida supondrá un refuerzo importante de efectivos en la prestación del servicio público durante la transición a la nueva normalidad desde criterios de salud laboral.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, explicó que, junto a esta desescalada gradual y progresiva, el levantamiento de la suspensión de los plazos procesales a partir del 4 de junio será clave en la reactivación judicial.
Campo indicó que «lo más prudente» era reactivar los plazos en esa fecha y no antes, porque permitirá reanudar la tramitación pendiente en las condiciones previstas para la fase tres, con el cien por cien de efectivos en los juzgados.
El ministro también anunció hace unos días que su departamento trabaja ya en el diseño de planes de choque en los órdenes de lo social, contencioso-administrativo y mercantil, los más afectados por el parón de actividad. La idea es identificar desde diferentes parámetros estadísticos dónde es necesario poner el foco y establecer los refuerzos para ayudar a la recuperación económica.
Campo pidió a las comunidades autónomas y las administraciones competentes «voluntariedad y generosidad» para articular, también, la puesta en marcha de juzgados que atiendan, de forma temporal, los asuntos derivados de la crisis.
Campo ha avanzado que el planteamiento del Ministerio de Justicia es tener en funcionamiento a finales de año veintitrés de estos órganos que continuarán su actividad en 2021.