Noelia García-Baltasar[1]
En marzo de este año 2020, ya tuvimos que asistir a la ineficaz, ineficiente e irresponsable gestión de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, en la puesta a disposición del personal sanitario de las Mutuas, que en un principio, se disfrazó de colaboración con el SNS y acabó siendo una manera de conseguir personal gratis, para los sectores más precarizados de dependencia y residencias, cuando no conseguían que nadie quisiera trabajar en el sector, cuando sus castigadas plantillas se contagiaban y enfermaban a velocidades vertiginosas, cuando más álgido se encontraba el contagio de residentes en estos centros y cuando menos disposición de EPIS había.
El personal de Mutuas que fue «destinado» a estos servicios se encontró con una inexcusable desorganización y una ausencia absoluta de medidas preventivas en materia de seguridad y salud, poniendo en peligro su salud y la de todos sus contactos, por lo que se instó a que regresará a sus servicios sanitarios de origen, que habían quedado limitados por esta obligatoria puesta a disposición, con el único fin de obtener personal sin ningún coste en los sectores más abandonados durante años por el Gobierno Regional.
Parece que la corrección de errores y el buen Gobierno en materia sanitaria y preventiva, en esta pandemia, sigue sin entrar en sus planes y sin «sonrojarse» ni un poquito, puesto que muy lejos de tomar medidas urgentes y adecuadas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, de acuerdo a lo establecido, tanto en la Ley Orgánica 3/1986 de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, como en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad y en la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, está desarrollando una improvisada y pésima gestión de los más que necesarios rastreadores en la CAM.
El pasado 20 de junio, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid publicó, la ORDEN 668/2020, de 19 de junio, por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, una vez finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio.
Posteriormente, el 29 de julio, se publicó la Orden 920/2020, de 28 de julio, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la citada Orden 668/2020, de 19 de junio incluyendo un párrafo nuevo a su apartado sexagésimo cuarto, que establece: « 7. Asimismo, en caso de que como consecuencia de la evolución de la emergencia sanitaria no se pudiera atender adecuadamente la asistencia sanitaria de la población con los medios materiales y humanos adscritos a la Comunidad de Madrid, las autoridades sanitarias autonómicas podrán acordar la puesta a su disposición de los centros y establecimientos sanitarios privados, su personal, y las Mutuas de accidentes de trabajo».
Es curiosa la lectura, interpretación y aplicación que, desde la Consejería de Sanidad quieren hacer de esta regulación, ahora, que sabemos que en vez de destinar un presupuesto apropiado para formar y hacer contrataciones dignas y adecuadas para tener suficientes rastreadores, durante todo este tiempo, han estado buscando voluntarios, ahora, que sabemos que se ha dirigido una solicitud a la patronal de Mutuas y a la Subdirección General de Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social para reclutar, por la vía de la colaboración obligatoria, rastreadores gratis de entre los empleados y empleadas de Mutuas y ahora que se ha publicado la celebración de un cuantioso contrato de urgencia con el sector privado sanitario a cambio de rastreadores de entre sus plantillas.
Después de meses en que los expertos han estado advirtiendo de que era necesario contar con más rastreadores suficientemente formados, ahora, pretenden justificar estas actuaciones debido al avance de la situación epidemiológica, a los ajustados plazos que dicen tener, para formar al personal que deba cumplir estas funciones y por todo ello justifican la necesidad de acudir a un proveedor externo, al que sí que se le paga, claro…….
No se puede estar pretendiendo hacer negocio permanente con la salud pública, no se puede gestionar esta cobertura desde el más absoluto desprecio a la sanidad pública y no se puede exigir trabajadores gratis, como se pretende volver a hacer con las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, cuando, después del reconocimiento público a su gestión prestacional en esta crisis sanitaria, por parte de la Administración Pública, se vuelve a pretender hacer esta utilización de sus plantillas y más, cuando llevamos más de una década de pérdida de derechos en todo el Sector y sin que esa Administración Pública aborde una regulación que ofrezca viabilidad, derechos y trabajo digno a sus empleados y una prestación sanitaria y económica con adecuados valores de calidad asistencial para toda su población protegida, dentro de la acción protectora de la Seguridad Social que tienen encomendada.
Desde el Sindicato de Mutuas de UGT en Madrid, volvemos a denunciar la utilización interesada y la permanencia «sine díe» de las plantillas en situación de «daños colaterales» permanentes por una pésima gestión por parte de los Organismos competentes, mientras los Órganos de Tutela siguen mirando para otro lado.
- Noelia García-Baltasar Sánchez es responsable del Sindicato de Mutuas- FeSP-UGT Madrid