El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha contratado sin publicidad con Quirón Prevención la aportación de equipos de rastreadores, tras solicitar voluntarios ‘sin remuneración’ en las universidades para hacer dicho trabajo, iniciativa que ha sido calificada por la secretaria general de CCOO Sanidad Madrid, Rosa Mª Cuadrado, de «vergüenza» y «desfachatez».
Según se ha hecho público hoy y así figura en el portal de contratación pública, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha aprobado un nuevo contrato para el seguimiento de casos e identificación de contactos de pacientes con COVID-19. La adjudicación hecha por vía de emergencia, sin publicidad y fechada el pasado viernes 7 de agosto 2020, tendrá una duración de tres meses y un importe máximo de 194.223,15 euros, para activar veintidós personas para desarrollar esa función.
Según figura en la resolución del contrato, el servicio tiene por objeto la detección de contactos estrechos de un caso confirmado de COVID-19, «con presencia de un profesional sanitario designado a criterio de la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, en las instalaciones que la empresa adjudicataria disponga para los trabajos».
«Primero intenta buscar rastreadores voluntarios sin retribución y una vez que no lo consigue, adjudica un contrato a una empresa externa con dotación presupuestaria para que las empresas privadas si puedan cobrar. Lo que se les niega a profesionales de Ciencias de la Salud, disponibles en el ámbito académico, se les ofrece sin pudor a la privada», señala Rosa Cuadrado.
Y añade: «Una vez más se demuestra que el único objetivo que tiene el Gobierno de la Comunidad de Madrid es adjudicar contratos con total ‘oscurantismo’ de los que nos enteramos tiempo después, si es que nos enteramos, en vez de utilizar los recursos públicos y en vez de contratar trabajadores para la Sanidad Pública madrileña».
La máxima responsable de CCOO Sanidad Madrid recuerda que las personas para cumplir la función de rastreadores tenían que haber estado contratadas, tal y como se comprometió el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, hace ya más de dos meses, antes de comenzar la desescalada.
«Denunciamos que no tenían contratados ni el cuatro por ciento de lo prometido, hicimos seguimiento de los contratos en Salud Pública, y hemos mantenido que de los cuatrocientos anunciados –cifra aún por debajo de las ratios recomendadas para la población de Madrid- no llegaban al ocho por ciento por técnicos de Salud Pública contratados. Y señalamos que la situación de plantillas infradotadas en Atención Primaria, tampoco contribuía a soportar con cánones de calidad el rastreo en la región de Madrid», según Cuadrado.
«Todo esto al final acaba como siempre en inyección de fondos públicos a la Sanidad Privada, en detrimento de la Pública y de la salud de los ciudadanos», concluye.
