La Asociación Corazón Verde de Chamberí, junto a otras asociaciones barriales madrileñas de Centro, Retiro y Arganzuela, han solicitado impulsar medidas que garanticen la salud y la seguridad en sus respectivas zonas.
Debido a la pandemia por el Coronavirus COVID-19, la nueva normalidad exigirá que se realicen planes de reapertura tanto de negocios como de bares y terrazas en los barrios madrileños. Esto supone que la ocupación de las aceras por las terrazas hará, en palabras de dicha organización, un lugar contrario a la seguridad, salud y accesibilidad universal que pretende tener la ciudad.
Por ello, la asociación Corazón Verde de Chamberí – Colectivo Ciudadano de Urbanismo subraya que desconoce “las intenciones reales del ayuntamiento, ya que no nos ha transmitido ninguna información previa para afrontar la reunión. Sin embargo, buena parte de las declaraciones de diversos miembros del gobierno municipal aparecidas en medios de comunicación, dan ya por hecho la decisión de permitir una ampliación generalizada de ocupación de vía pública, y de horario y temporada de funcionamiento. Dichas intenciones están generando una inquietud considerable entre el vecindario y asociaciones de estos distritos centrales de Madrid”, aseguran.
De igual forma, quieren trasladar al consistorio que aunque son conscientes de que la crisis por el coronavirus ha afectado con severidad al comercio local y a la hostelería en especial, se deben reactivar los negocios pero en las mejores condiciones posibles, sin perjudicar a otros colectivos ni tampoco a costa de la seguridad en las calles. De igual forma, recalcan que no se deben poner en riesgos las condiciones de protección de la salud pública que tanto esfuerzo han supuesto lograr.
Recuerdan, en este sentido, las políticas liberalizadoras de los últimos años, plasmadas en las Ordenanzas de Terrazas de 2007 y, sobre todo 2013, tras la crisis económica, ya llevaron las posibilidades de ocupación de espacio público por las terrazas de hostelería hasta sus últimas consecuencias, imponiendo una liberalización prácticamente total de dicha ocupación, únicamente limitada por lo dispuesto en normativas de rango superior en materia de accesibilidad, contaminación acústica, protección general del medio ambiente, y otras similares.
Dichas consecuencias se sufren a diario quienes caminamos por las aceras de distritos, refieren, como Arganzuela, Retiro, Salamanca y, especialmente Centro y Chamberí. Espacios saturados más allá de sus límites por actividades privadas, vulnerando el interés general y el uso libre e igualitario de un bien de dominio público, como son nuestras aceras y plazas, animados por la permisividad de un ayuntamiento que, demasiado a menudo, cae también en la dejación de funciones a la hora de imponer la necesaria disciplina.
En este sentido, para la asociación resulta inaceptable cualquier pretensión de aumentar de manera generalizada la ocupación de aceras para mantener los aforos actuales con un distanciamiento mayor.
Considerando que la dimensión mínima de 2,50 m como anchura libre de paso en aceras, establecida por la Ordenanza vigente, resulta ya hoy día insuficiente en la mayoría de nuestras calles, parece evidente que de las condiciones sanitarias actuales, que imponen un distanciamiento necesariamente mayor para evitar riesgos de contagio, se debería avanzar para ampliar dicha anchura hasta un mínimo de tres metros de paso libre en aceras, en la línea ya avanzada por la asociación A Pie y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), que debería ser incluso algo mayor para garantizar la accesibilidad universal en términos de igualdad.
Las peticiones de las asociaciones de hostelería, que incomprensiblemente parece haber asumido acríticamente el Gobierno municipal sin tener en cuenta al vecindario ni a ningún otro sector, de reducir dicha distancia de paso libre hasta 1,5 metros, resulta contraria a toda lógica y a las propias normativa de accesibilidad, y pone en riesgo la salud pública. Por ello, consideran necesario avanzar hacia un reparto del espacio público que sea equilibrado y acorde a las necesidades de movilidad de la ciudad de Madrid, que garanticen, también la calidad del aire y la protección de los ciudadanos.
La toma de decisiones que ha estimado el ayuntamiento de Madrid, supone que no han considerado ni a los vecinos, ni a las asociaciones, ni tampoco a los colectivos de los barrios que han quedado atrás a la hora de ser los primeros afectados si estas medidas se implementan tras la pandemia.
