El Consejo de Ministros de España ha aprobado este 14 de mayo de 2024 dos medidas en el marco de la protección de los consumidores y personas en situación de vulnerabilidad. Estas acciones destacan el compromiso del gobierno hacia la protección integral en el ámbito financiero y de vivienda, en un esfuerzo por amortiguar los efectos económicos adversos sobre los colectivos más desfavorecidos.
Protección de los consumidores financieros en la compra-venta de créditos
La primera medida aprobada es el Anteproyecto de Ley de Administradores y Compradores de Créditos, que incorpora a la legislación española una directiva europea y modifica legislaciones existentes sobre créditos al consumo e inmobiliarios. Esta legislación busca fortalecer la protección de los consumidores financieros, especialmente aquellos en condiciones de vulnerabilidad económica, asegurando la preservación de sus derechos y la oferta de soluciones viables frente a sus deudas.
El proyecto normativo enfoca su protección en la regulación de la actividad de administración y compraventa de créditos dudosos, requiriendo autorización previa del Banco de España y el cumplimiento de un sistema adecuado de gestión de reclamaciones. Esto incluye mantener las condiciones y derechos de los prestatarios incluso cuando los créditos sean vendidos a terceros, asegurando así transparencia y un trato justo.
Además, se introducen mecanismos de protección adicional para los prestatarios vulnerables, como la posibilidad de renegociar deudas o incluso la condonación parcial de las mismas antes de la venta del crédito a terceros, demostrando un claro enfoque en la responsabilidad social y el apoyo a ciudadanos económicamente desfavorecidos.
Extensión de medidas de suspensión de lanzamientos de vivienda habitual
La segunda medida significativa es la aprobación de un Real Decreto Ley que prorroga las medidas de suspensión de lanzamientos sobre la vivienda habitual hasta el 15 de mayo de 2028. Esta acción se enmarca en una estrategia de continuación para mitigar las consecuencias de crisis anteriores, como la pandemia de la COVID-19 y la guerra en Ucrania, que han incrementado las cargas financieras de los hogares.
Esta prórroga pretende proteger a los deudores hipotecarios y sus familias que se encuentren en una situación de especial vulnerabilidad, evitando que sean llevados a una situación de exclusión social por la imposibilidad de hacer frente a sus deudas hipotecarias. La medida subraya un compromiso prolongado con la protección de los derechos a la vivienda, especialmente dirigido a quienes más lo necesitan en tiempos de incertidumbre económica.
Ambas medidas reflejan una clara intención del gobierno de ofrecer una red de seguridad más robusta y efectiva para los consumidores y deudores en situaciones de riesgo, reforzando la estructura de protección social y financiera en un periodo de recuperación y ajuste económico.
