Amnistía Internacional informa de que el activista Mohamed Benhlima, ex oficial militar y denunciante que expuso la corrupción de altos oficiales militares argelinos, ha sido condenado a muerte después de que pidiera asilo en España, pero las autoridades españolas lo devolvieron a Argelia en marzo 2022 sin el debido proceso ni evaluación de su solicitud de asilo.
Amnistía Internacional ha mostrado su consternación al conocer la noticia de la condena a muerte de Mohamed Benhalima, a quien no se le concedió asilo a pesar de las advertencias de diversas organizaciones de derechos humanos acerca de los peligros que entrañaba su devolución.
La organización, que ya se puso en contacto con las autoridades españolas en varias ocasiones para intentar paralizar esta devolución, ha vuelto a dirigirse al gobierno de España para exigir que presione a Argelia para pedir la anulación de esta sentencia a muerte.
La organización ha lanzado además una acción urgente internacional para pedir la liberación de Benhlima, poner fin a su enjuiciamiento por cargos derivados de sus críticas a las autoridades argelinas y su ejercicio de sus derechos a la libertad de expresión y de reunión, y anular la condena a muerte contra él.
«Nuestros peores pronósticos se han hecho desgraciadamente realidad. En marzo advertíamos de que la deportación por España del activista argelino Mohamed Benhalima podría tener como consecuencia que éste sufriera tortura y otras violaciones graves de derechos humanos en Argelia. España hizo caso omiso, violando de forma flagrante la obligación internacional respecto a la no devolución, y ahora debería presionar para que esta sentencia a muerte no se lleve a cabo», señala Virginia Álvarez, responsable de Política Interior y experta en asilo y refugio en Amnistía Internacional España.
Mohamed Benhalima es un ciudadano argelino y exmilitar que se convirtió en denunciante de irregularidades para sacar a la luz la corrupción entre altos mandos de las fuerzas armadas de Argelia en 2019. Salió de Argelia tras recibir información según la cual su nombre figuraba en una lista de funcionarios militares buscados que corrían el riesgo de ser detenidos por las fuerzas armadas argelinas por su participación en Hirak, un movimiento masivo de protestas en favor de la democracia.
Solicitó asilo en España el 18 de febrero de 2020 y de nuevo el 18 de marzo de 2022; España le denegó el asilo en ambas ocasiones. El 14 de marzo de 2022, las autoridades abrieron un expediente administrativo de expulsión por infracción del artículo 54.1.a. de la ley sobre migración (Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social), aduciendo que Mohamed Benhalima había participado en «actividades contrarias a la seguridad nacional o que pueden perjudicar las relaciones de España con otros países».
Las autoridades españolas justificaron la apertura de un expediente de expulsión contra él basándose en la supuesta asociación de Mohamed Benhlima con el grupo de oposición política Rachad, que fue catalogado como grupo terrorista por Argelia en febrero de 2022. Las autoridades españolas afirmaron que el objetivo de Rachad era infiltrar a jóvenes radicales en la sociedad argelina para protestar contra el gobierno argelino y concluyeron que el activista era miembro de un grupo terrorista.
Sin embargo, las autoridades españolas no aportaron ninguna prueba del uso de la violencia, la apología del odio o cualquier otra acción realizada por el activista que pudiera considerarse «terrorismo» de acuerdo con la definición propuesta por el Relator Especial de la ONU sobre la protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo.
Además, tampoco parecen haber tenido en cuenta un contexto en el que las autoridades argelinas han estado formulando cada vez más cargos falsos de terrorismo y seguridad nacional contra activistas pacíficos, defensores de los derechos humanos y periodistas desde abril de 2021.
En la actualidad hay al menos 290 presas encarceladas por motivos políticos en Argelia, que están recluidas en prisión preventiva abusiva o condenadas por su activismo pacífico. Las autoridades argelinas también han recurrido cada vez más al uso de los cargos de terrorismo contra los disidentes, especialmente después de cambiar la definición de terrorismo para incluir «la tentativa de obtener el poder o de cambiar el sistema de gobierno por medios inconstitucionales», lo que podría conducir efectivamente a la criminalización de la defensa pacífica del cambio político y democrático.
Mohamed Benhlima fue condenado in absentia en otros dos casos a un total de veinte años de prisión por cargos que incluyen la «participación en un grupo terrorista» (artículo 87 bis 3 del Código Penal) y la «publicación de noticias falsas que menoscaban la unidad nacional» (art. 196 bis), dos artículos que son ampliamente instrumentalizados por las autoridades para criminalizar la expresión pacífica.
Un abogado que apareció en un video publicado en Facebook, junto con la madre de Mohamed Benhalima el 12 de mayo, y que responsabilizó a las autoridades por difamar a Benhalima a través de un video que difundieron en los canales de televisión pública, fue detenido la noche del 13 de mayo.
Aunque Argelia ha sido considerado por Amnistía Internacional como abolicionista en la práctica y no ejecuta a nadie desde 1993, en 2021 seguía manteniendo condenadas a muerte al menosa mil personas, y el número de sentencias a muerte ha aumentado en ese año con respecto al anterior. Es uno de los países en los que se imponen condenas a muerte sin que estuviera presente la persona acusada (in absentia).