El Comité de los Derechos del Niño (CDN) indica que España violó el derecho a la educación de un niño marroquí de ocho años en Melilla por no admitirlo inmediatamente en la escuela pública después de que se confirmara su residencia en el territorio español.
De madre marroquí, A.E.A. nació en Melilla en 2013 y vive desde entonces en el enclave español. Cuando tenía seis años, la madre de A.E.A. intentó matricularlo en la escuela, pero las autoridades no reconocieron su residencia. A pesar de varios procedimientos judiciales, las autoridades administrativas y judiciales locales se negaron a permitir que A.E.A. asistiera a la escuela pública.
Su madre presentó una denuncia ante el CDN en marzo de 2020. Ocho meses después, la policía confirmó que A.E.A y su familia vivían en Melilla. A pesar de que la legislación nacional reconoce que los niños residentes tienen derecho a la educación, las autoridades locales se negaron a que el niño asistiera a la escuela, argumentando que no había pruebas de que tuviera un permiso de residencia legal.
El conflicto se resolvió en marzo de 2021, cuando el Ministerio de Educación español ordenó a las autoridades locales que permitieran a A.E.A. asistir a la escuela. Para entonces, había perdido casi dos años de educación formal.
«Celebramos la decisión de admitir a A.E.A. en la escuela. Sin embargo, ha llegado demasiado tarde y no repara totalmente el daño causado por su prolongada ausencia de la escuela», dijo el miembro del Comité Luis Pedernera. «Todos los niños tienen derecho a ir a la escuela, independientemente de su situación legal o la de sus padres. A.E.A debería haber podido aprender en un aula y hacer amigos con otros niños y niñas de su edad, aunque no tenga la nacionalidad española», añadió.
El CDN consideró que España había violado los derechos de A.E.A. al no tomar medidas rápidas para verificar su residencia en Melilla y al no admitirlo en el sistema educativo público inmediatamente después de que se confirmara que efectivamente vivía en Melilla.
El Comité instó a España a proporcionar a A.E.A. una compensación adecuada y a adoptar medidas proactivas para asistirlo en ponerse al día en la escuela.
«A pesar de que la legislación española garantiza la educación a todos los niños residentes, independientemente de su situación administrativa, A.E.A. y la mayoría de los demás niños sin permiso de residencia legal en Melilla se enfrentan a obstáculos de facto que impiden su escolarización. Esto supone una discriminación que viola la Convención sobre los Derechos del Niño», añadió Pedernera.
El año pasado, el Comité recibió con satisfacción la rápida decisión de España de permitir que una niña marroquí de doce años se matriculara en una escuela local. Hasta ahora, seis niños y niñas que han presentado quejas ante el Comité han sido admitidos en la escuela. Sin embargo, se calcula que más de 150 niños sin un permiso de residencia legal en Melilla siguen excluidos del sistema educativo público.
Para evitar violaciones similares, el Comité pidió a España que garantice que las autoridades administrativas y judiciales locales tomen medidas eficaces y rápidas para confirmar la residencia de niños y niñas para admitirles en el sistema escolar público sin demora.
Fernández Marugán insta a las autoridades a escolarizar a todos los niños de Melilla
Tras conocer el dictamen del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas relativo a la escolarización de un menor de origen marroquí en Melilla, el defensor del pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha reiterado que todos los niños y niñas que residen en la citada Ciudad Autónoma, independientemente de su origen, deben estar escolarizados: «Los niños y las niñas de Melilla, al igual que los del resto de España, donde tienen que estar es en el colegio».
Fernández Marugán confía en que después de este último pronunciamiento de Naciones Unidas el Ministerio de Educación ponga los medios para que ningún niño ni niña se quede sin escolarizar en Melilla el próximo curso.
El Defensor del Pueblo lleva desde 2018 denunciando la situación de estos menores y sus familias. La Institución ha iniciado más de cincuenta expedientes y ha formulado más de una docena de resoluciones para intentar acabar con esta situación, algunas de ellas admitidas de forma favorable por la administración educativa.
En octubre de 2020, iniciado el nuevo curso escolar, el Defensor pudo constatar que los menores que se encontraban sin escolarizar en el curso escolar 2019-2020 continuaban en Melilla pese al cierre de la frontera con Marruecos, producido al inicio de la pandemia.
A juicio de la Institución, esto demuestra que estas familias residen de forma habitual en Melilla y que la sospecha generalizada y no documentada de la Dirección Provincial de Educación de esta Ciudad Autónoma de que son familias marroquíes que no residen allí y que pretenden escolarizar a sus hijos en fraude de ley no se ajusta a la realidad, tal y como ya hizo constar el Defensor en su último Informe Anual.
Por este motivo, Fernández Marugán reitera que se ha de velar para que se remuevan los obstáculos existentes que provocan que estas familias padezcan situaciones de grave discriminación, al sufrir de manera desproporcionada los obstáculos administrativos que les impiden empadronarse, obtener la tarjeta sanitaria o escolarizar a sus hijos e hijas.
El Defensor considera que, aunque esta realidad sea compleja, no puede en modo alguno solventarse a costa de los derechos de los más vulnerables.
