Medio centenar de colectivos vecinales y conservacionistas han presentado este 12 de junio 2024 una petición formal al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) y a los gobiernos autonómicos de Madrid y Castilla-La Mancha, solicitando una moratoria ante la avalancha de proyectos fotovoltaicos en la zona centro de España.
Los proyectos en cuestión, que ocupan más de 10.000 hectáreas, se desarrollarán en terrenos de gran valor agrícola, ambiental, cultural y social, afectando principalmente a municipios del sur y este de Madrid, el norte de Toledo y la provincia de Guadalajara.
Moratoria y diálogo
Los colectivos, que aseguran no estar en contra de las energías renovables, piden una mejor planificación y un diálogo abierto y sincero con las poblaciones afectadas.
En el documento registrado, insisten en que los proyectos actuales se están tramitando de manera opaca y poco democrática, con escasa participación pública y bajo una desregulación de los procedimientos ambientales básicos.
Los municipios afectados incluyen la comarca de Torrelaguna y la Campiña de Guadalajara, el Valle del Henares al este de Madrid y Guadalajara, la comarca de la Alcarria de Cuenca y Alcarria de Guadalajara, así como el Valle del Tajo.
También se menciona todo el sureste de la Comunidad de Madrid, desde los Santos de la Humosa hasta Estremera, la totalidad del Valle del Tajuña, Las Alcarrias de Alcalá, Arganda y Chinchón, y todo el sur de Madrid, desde Torrejón de Velasco hasta Aranjuez y Fuentidueña.
En el norte de Toledo, los proyectos abarcan la comarca de la Sagra y la Mesa de Yepes-Ocaña.
Alegaciones vecinales y ecologistas:
- Tramitación opaca y poco democrática: Acusan al gobierno de desregular los procedimientos ambientales, reduciendo la obligación de hacer Declaraciones de Impacto Ambiental y minimizando la participación pública.
- Efecto sinérgico grave: La suma de todos estos proyectos podría eliminar del territorio otras actividades productivas, transformándolo en un monocultivo de producción eléctrica.
- Falta de planificación territorial: Denuncian que la avalancha de proyectos responde a intereses especulativos de grandes corporaciones, sin considerar las necesidades ecológicas y de esparcimiento de los habitantes de la región.
- Desequilibrio territorial: Critican que los proyectos se concentran en zonas menos favorecidas económicamente, mientras que las áreas ricas de Madrid no se ven afectadas.
- Destrucción del medio ambiente y patrimonio: Alertan sobre la amenaza a la biodiversidad y la posible destrucción de zonas con protección arqueológica y cultural.
- Afectación a núcleos de población: Los proyectos se sitúan muy cerca de viviendas y centros educativos, aumentando los campos electromagnéticos y otros riesgos.
- Impacto económico y social: Los agricultores y ganaderos podrían verse obligados a abandonar su actividad, lo que traería graves consecuencias sociales y económicas para la región.
- Medidas compensatorias insuficientes: Las promesas gubernamentales de compensación no benefician a la mayoría de la población afectada, quedando en manos de algunos lobbies.
Los colectivos firmantes abogan por una retirada inmediata de los proyectos y una moratoria para iniciar un nuevo proceso con participación activa de la sociedad civil, priorizando los espacios urbanos e industriales ya consolidados y el autoconsumo.
