El Ayuntamiento de Madrid ha comenzado a sancionar con cien euros a los vecinos que, desde hace un año, se movilizan contra la construcción de un megacantón de limpieza en el antiguo parque de Montecarmelo, enclave verde pegado a dos colegios y una guardería.
Las primeras cuatro multas, fechadas el 23 de abril 2025 y notificadas estos días, castigan un simple paseo matinal por la zona talada, que la Policía Municipal transformó en «remoción de vallas» según el boletín de denuncia.
La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) recuerda que las notificaciones coinciden con el primer aniversario de las 14.000 firmas entregadas en el registro municipal para pedir la reubicación de la instalación industrial y salvar el arbolado.
La plataforma interpreta la coincidencia como «una voluntad punitiva» del alcalde José Luis Martínez-Almeida, quien, sostienen, ha convertido el antiguo pulmón del PAU en un «solar» a golpe de motosierra.
Un parque convertido en solar
Durante las dos semanas de abril en que sonaron las motosierras, vecinos acudieron a tomar fotografías y despedirse de los árboles. Esa presencia pacífica sirve ahora de base a las actas policiales.
«Nos identificaron a las ocho y media por estar de pie mirando. Ahora dicen que movimos vallas. Es falso», señala una de las personas sancionadas.
Las denuncias sitúan los supuestos hechos en el «Parque Montecarmelo», a metros de la avenida homónima. El detalle ilustra, según los afectados, la paradoja de ser multados por permanecer en un parque que el propio gobierno municipal ya ha devastado.
Argumentos vecinales y alternativa viable
Las asociaciones locales sostienen que el megacantón —destinado a camiones y trasvase de residuos del SELUR— puede levantarse dos kilómetros al norte, en suelo industrial junto a la M-40, sin impactar sobre centros educativos ni viviendas.
Tres frentes judiciales abiertos
- Denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente por tala en época de nidificación.
- Querella por prevaricación y malversación contra responsables municipales.
- Recurso contencioso que paralizó el proyecto por falta de estudio de impacto ambiental.
Aunque el juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 9 calificó la instalación como «macrocentral industrial», el Ayuntamiento mantiene la tala como «acondicionamiento del terreno».
Un barrio con carencias básicas
«Seguimos sin centro de salud ni biblioteca», recuerda Charo del Campo, presidenta de la Asociación Vecinal de Montecarmelo; «la prioridad del señor Carabante es acabar con el parque para meter camiones de basura».
La ausencia de equipamientos contrasta con el despliegue policial cada vez que se convoca una concentración. Los vecinos denuncian que se criminaliza la protesta pacífica para desalentarla.
Un símbolo metropolitano
Situado en la antesala del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, el cerro de Montecarmelo ofrecía vistas únicas de los montes de El Pardo y de la sierra de Guadarrama. Hoy apenas quedan tocones.
«Invitamos a todos los madrileños a conocer la realidad. Todavía se puede subir a las mesas de pícnic y contemplar El Pardo», anima Paco Arranz, portavoz de la Plataforma de Afectados por el Megacantón.
La plataforma convoca el 1 de junio una marcha-picnic desde la estación de metro Montecarmelo hasta la zona desforestada, donde se plantarán bellotas de encina.
Multas que buscan disuadir la protesta
La sanción por «remover vallas» asciende a 100 euros, la misma cuantía que la impuesta por no recoger excrementos caninos. La FRAVM denuncia el «efecto desaliento» de aplicar la Ley de Seguridad Ciudadana a quien visita un parque público en ruinas y recuerda que el artículo 21 de la Constitución protege la reunión pacífica.
Los afectados presentarán alegaciones individuales y una queja colectiva ante el Defensor del Pueblo. También piden reuniones con los grupos de la oposición y con la Consejería de Medio Ambiente para lograr una solución que preserve el parque y garantice el servicio de limpieza desde otro emplazamiento.
Las entidades plantean que el Ayuntamiento transforme el descampado en un corredor forestal hacia El Pardo, con áreas de esparcimiento y educación ambiental. «Reforestar costaría menos que litigar», concluyen.
